Micaela García, desapareció en Gualeguay, la ciudad donde cursaba el profesorado de Educación Física, el 1 de abril de 2017 luego de salir de un boliche.
Gracias a las cámaras de
seguridad se pudo constatar que Sebastián Wagner fue quién se la llevó y la asesinó.
Al momento del hecho, el femicida debía estar preso por cumplir la condena de violación a dos mujeres, pero tenía libertad condicional otorgada por el Juez Carlos Rossi.
El magistrado fue suspendido durante un período de tiempo, pero luego fue absuelto. En la provincia de Entre Ríos el juez sigue ejerciendo sus funciones al día de hoy.
Por este atroz femicidio en el 2018 la cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de un “Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia” contra las Mujeres, bautizada como la Ley Micaela.
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La iniciativa estableció la capacitación obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El proyecto fue presentado el mismo año en el que ocurrió el femicidio por las diputadas Lucila De Ponti (Movimiento Evita) y la ahora también vicegobernadora electa de Chaco Analía Rach Quiroga (FPV-PJ).
“Seguiremos adelante con la implementación y cumplimiento efectivo de la Ley Micaela para la formación y capacitación del sector público en materia de género y violencias por razones de género, incluyendo la capacitación del presidente de la Nación y altas autoridades del Poder Ejecutivo”, dijo Alberto Fernández en su primer discurso de apertura de las sesiones legislativas de este año.
Aún caben dudas sobre su completa implementación, a pesar del tiempo y de la voluntad política por parte de las representantes mujeres que luchan para que funcione totalmente esta ley.
Consultada por este medio sobre la situación actual de la ley, De Ponti, actual diputada provincial por Santa Fe, respondió: “Los 3 poderes del Estado han comenzado parcialmente su implementación, algunos con un grado mayor de avance que otros.
Por lo cual, entiendo que si bien no fue completamente implementada, hay un proceso de implementación que llevará un tiempo para que se derrame en todos los niveles del Estado”.
Por otro lado se refirió a la implementación a nivel nacional: “A nivel de los gobiernos provinciales y locales el proceso va a ser un poco más lento pero muchas provincias ya han comenzado con la sanción de de sus propias leyes o con la adhesión a la Ley nacional Micaela García y luego con el inicio de su ejecución”.
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Por otro lado la diputada hizo hincapié en que la ley no solo se implementó en el Estado sino también en otros organismos. “Entiendo que eventualmente la ley Micaela va a ser incorporada incluso hasta por empresas del sector privado, por asociaciones sindicales donde hay una lucha muy grande de parte de las trabajadoras para que se implemente. Las universidades y los clubes también están por esa línea”, finalizó.
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