Socimis, gestoras de viviendas, expertos y representantes del sector lamentan que en el Real Decreto aprobado hoy
se hayan colado medidas “populistas” que castigan al sector y recodaron que los grandes propietarios ya han adoptado medidas de flexibilidad para ayudar a sus inquilinos ms vulnerables ante los daos provocados por el Covid-19.
En concreto, la asociacin de inmobiliarias con patrimonio en alquiler (Asipa) lament que se hayan incluido en el Real Decreto algunas posturas “ms populistas”. La asociacin considera que incorporar el concepto de gran tenedor -para todo aquel que disponga de ms de 10 viviendas- es una forma de “discriminar injustificada y arbitrariamente” el ahorro colectivo.
Desde Asipa apuntan que estas medidas “castiga” a sociedades de gestin que representan a millones de ciudadanos individuales que deciden unir sus ahorros para facilitar inversiones colectivas ms grandes y a ms largo plazo.
“Esta medida, por tanto, castiga, sin justificacin alguna y de forma indirecta, a ahorradores privados, muchos de ellos pensionistas, y pone en riesgo el futuro del acceso a la vivienda de los espaoles, al atentar contra la necesaria seguridad jurdica que este ahorro colectivo necesita para financiar el 1,5 millones de vivienda social y asequible que hay que construir en Espaa para resolver los problemas de acceso a la vivienda de los jvenes y familias”, aaden.
Asipa asevera, adems, que este ahorro colectivo ya “tom la iniciativa” y, desde el comienzo de la crisis sanitaria, est ofreciendo ayudas a aquellos inquilinos cuya situacin econmica se haya visto afectada por Covid-19, lo que demuestra “su compromiso, responsabilidad social y solidaridad”.
“Esta discriminacin es incomprensible: lo que querramos es tener un mercado mucho ms profesional de alquiler, y as es difcil”, explica Jos Garca Montalvo, catedrtico de Economa de la Universidad Pompeu Fabra, que apunta que “si al final se hacen esas quitas habr que ver un mecanismo para ayudar a estas empresas tambin”.
Por su parte, desde la recin creada Asociacin de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), su directora general, Beatriz Toribio, advierte que “la implementacin de buena parte de las medidas generar incertidumbre en su aplicacin por su amplia casustica”. Por ello, piden al Gobierno dilogo: “en concreto proponemos que se cree una Mesa de Colaboracin Pblico-Privada para buscar soluciones a medio y largo plazo para los inquilinos afectados, y para el desarrollo del alquiler”, explica Toribio.
Riesgo de reduccin de oferta
Aunque buena parte del sector ve con buenos ojos que el decreto de preponderancia al acuerdo entre las partes, as como medidas de apoyo a los inquilinos, como los microcrditos o ayudas directas que ofrece el Estado; tambin advierten que centrar el tiro en los grandes tenedores, y discriminar entre grandes y pequeos propietarios, puede ser un error. Las principales promotoras y empresas del mercado del alquiler, de hecho, ya estaban ofreciendo alternativas para posponer los pagos para las familias con dificultades para pagar su renta debido al coronavirus.
“Esto impactar en su cuenta de resultados y es posible que a la postre implica nuevos ERTES en las propias compaas. Colgar la etiqueta de “culpables” a la parte profesional del sector es un error, y ms en un momento en el que se estaba mostrando abierto a la negociacin y sensible con la realidad del Coronavirus”, alerta Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, que aade que “a medio plazo puede implicar una fuga de oferta de alquiler hacia la compra, lo que redundara en subidas de precio de los alquileres o, en su defecto, mitigara las bajadas que ya se estn produciendo”.
La discriminacin de grandes tenedores puede poner en juego la viabilidad de un segmento profesionalizado que pone oferta en el mercado. “El simpa de Podemos traer una inseguridad jurdica tremenda y una jibarizacin del alquiler”, advierte Fernando Encinar, jefe de Estudios de Idealista.
La directora general de Gesvalt, Sandra Daza, resalta la positividad de las medidas destinadas a los pequeos propietarios. Sin embargo, en el caso de las exigencias para los caseros con ms de 10 viviendas, lanza una advertencia muy clara: “En un contexto como el que hemos vivido en los ltimos aos, en el que se pona de manifiesto la necesidad de aumentar la oferta disponible de viviendas en alquiler en Espaa, para as conseguir alcanzar precios competitivos, no ayudar a los grandes tenedores y puede agravar la situacin. Esto podra tener un efecto negativo en la oferta que pueda ponerse en carga durante este y el prximo ao. Adems, medidas de este tipo, aunque transitorias, pueden tener un impacto negativo en la futura inversin extranjera en nuestro pas”, advierte.
Medidas de flexibilidad
En cualquier caso, las principales firmas del sector adelantaron ayer que cumplirn con las medidas y harn lo posible por ayudar a sus inquilinos.
As, Blackstone, que suma cerca de 50.000 viviendas a travs de Aliseda, Anticipa, Testa y Fidere, recuerda que ya avanz hace unos das que prestara especial atencin a las familias vulnerables afectadas por el Covid-19 que no pudieran asumir el pago del alquiler.
“Ahora trabajaremos para implementar las nuevas medidas y dar apoyo a nuestros inquilinos en situacin de dificultad, para que puedan superar esta situacin”, aaden.
Fuentes de Tmpore adelantan que la Socimi implementar las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno mediante el Real Decreto para paliar el impacto econmico y social del Covid-19. Tmpore, participada en un 75% por el fondo estadounidense TPG y en un 25% por Sareb, cuenta con ms de 2.500 viviendas en alquiler en cartera.
“Conscientes de la gravedad de la situacin econmica como consecuencia de la crisis del coronavirus, ya hemos aprobado medidas para flexibilizar el pago de las rentas de las familias afectadas. Seguiremos teniendo un contacto cercano con nuestros inquilinos para apoyarles durante este difcil periodo”, aseguran desde Tmpore.
Desde Lazora, su presidente, Javier Rodrguez Heredia, explica que “las medidas aprobadas en materia de alquiler estn alineadas” con la iniciativa tomada por la propia compaa -que fue la primera en manifestarse en este sentido- para hacer frente a esta situacin extraordinaria, estableciendo una moratoria de pago a las familias que se encuentren en situacin de vulnerabilidad sobrevenida por el Covid19.
Y aunque ven con buenos ojos la mayora de medidas, Heredia s que advierte de que “el ahorro colectivo ha mostrado ser responsable y solidario, siendo el que financia y tiene que financiar a largo plazo la vivienda social y asequible en Espaa. Por ello, rechazamos las posturas populistas y los calificativos despreciativos hacia las sociedades especializadas en el alquiler a largo plazo, ya que solo buscan sacar rdito poltico de esta grave crisis sanitaria.
Por su parte, Samuel Poblacin, director nacional de Residencial y Suelo de CBRE Espaa, considera que “las medidas para los grandes tenedores tendrn un impacto limitado en el mercado de alquiler en Espaa, puesto que solo cuentan con el 5% aproximadamente del parque viviendas de alquiler”. El problema, eso s, es que “el Gobierno est trasladando el coste a las empresas”, aade.
Sin embargo, como apunta Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano, “aunque afecte a un mercado ms pequeo provoca menos inversin institucional futura, lo que podra limitar la oferta y por lo tanto acabar encareciendo precios, algo que perjudicara a toda la demanda”.