Denunció por violencia de género a un juez de familia de Lomas de Zamora y está aterrada

ir contra el propio funcionamiento corrupto del sistema”, dice la abogada Vanina Panetta al referirse a su defendida, una mujer que viene denunciando desde hace dos años por violencia verbal, psíquica y física a su ex pareja, el juez Gustavo Lullo. En tiempos de aislamiento preventivo, la sensación de desprotección se acrecienta.”Está aterrada”, dice su abogada.

Para completar el cuadro de situación, Lullo es titular de un Juzgado de Familia, el N°5 de Lomas de Zamora. “En el colmo de la perversión, fue docente de Derecho en la formación de “Abogados del niño” del departamento de Avellaneda y Lanús, y actualmente preside la Comisión de Niñez y Adolescencia del departamento judicial”.

La mujer que hoy lo denuncia (P.F) tiene 28 años, es abogada y fue su pareja por dos años, hasta 2018. Ambos tienen una hija que a mediados de abril cumple tres años. Del tiempo de convivencia, la víctima relata situaciones de abuso y extrema violencia, comenzando por un hecho que la marcó: en enero de 2017, de vacaciones en el Bolsón y con seis meses de embarazo, el juez tomó el cinturón de seguridad del asiento del acompañante donde ella se encontraba sentada y “la ahorcó por unos segundos”.

A partir de entonces, todo fue terror. Unos días después, la golpeó con el puño en la cara, el torso, los brazos. Cuando P.F. se quiso refugiar, la persiguió, “tomó un cuchillo de cocina, entró al baño y la sentenció: ‘Voy a hacer que mueras desangrada”, cuenta la abogada a Clarin. .

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También la amenazaba con matarse los dos. Tirándola y arrojándose él por la ventana, y “cuando manejaba el auto a máxima velocidad por avenida Alsina y le decía “ahora vas a ver cómo nos vamos a estrellar”, precisa Panetta.

“Presenta todas las patologías de stress postraumático por violencia de género”, así describe el psiquiatra Enrique Stola al estado en que observó a P.F. tras varias entrevistas de evaluación. También señala que el cuadro de stress se vio agudizado en diciembre pasado cuando el juez Lullo violó la perimetral y se acercó a una reunión de fin de año en la que se encontraba su ex pareja junto a otros colegas.

El juez en cuestión tiene antecedentes. Su anterior esposa y madre de sus otros dos hijos presentó una denuncia por violencia de género en 2014, con testimonios que se asemejan a los que relata P.F. desde hace dos años, a la espera de ser escuchada en los tribunales. Jueces, secretarios y asesores saben pero sin embargo se mantiene el silencio.

Violento hacia adentro y violento hacia afuera. El apellido del juez apareció en las noticias en 2015 por el caso de Andrea Vazquez, una historia que es referencia para relatar cómo, en ocasiones, el sistema desampara al más débil. Vázquez es una médica cirujana que denunció abusos y violencia de su ex pareja hacia ella y sus tres hijos. Llegó a denunciarlo 40 veces. El juez Lullo, a cargo del Tribunal de Familia, falló en favor del denunciado y ordenó la restitución de los hijos a su padre. Por este caso, hoy enfrenta un pedido de jury de enjuiciamiento.

La abogada Vanina Panetta precisa que hasta el momento logró que no se homologue un acuerdo de alimentos que, teniendo en cuenta el salario de un juez, resultaba muy poco beneficioso para P.F. “Fue firmado bajo amenazas y condicionamientos”, explica.

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“Primero la estafó dejándola a cargo de la hipoteca de una casa que era bien ganancial y luego la amenazó con que podía hacerla pasar por loca y quitarle la tenencia de la hija. Es ridículo porque sólo ve a la nena 20 horas al mes. Es evidente que era el modo de presionar a la víctima, haciendo uso y abuso de su poder. En este contexto es que obtuvimos la nulidad del acuerdo”.