Desde el 20 de marzo, Argentina se encuentra en cuarentena total. En respuesta al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reglamentó esa decisión, la Corte Suprema dictó una feria extraordinaria
para que se garantice el funcionamiento de la Justicia en casos excepcionales: excarcelaciones, prisiones domiciliarias, habeas corpus, principalmente. Desde entonces, la Cámara Federal de Casación Penal recibió 109 pedidos de arrestos domiciliarios y ceses de prisiones preventivas. El 70% fue denegado.
Desde los ex funcionarios K José López, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, pasando por el empresario Claudio Cirigliano y el ex piquetero Luis D´Elía: la Casación recibió de forma electrónica cientos de pedidos de excarcelaciones y morigeración de las prisiones. La lista incluye además a muchos presos de lesa humanidad y causas de narcotráfico, todos nucleados por un mismo argumento: consideran que en la cárcel corren riesgo de contagio del coronavirus.
El trámite se intensificó ante dos circunstancias. La declaración por parte del Gobierno del aislamiento social, obligatorio y preventivo, y el posterior informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) según el cual 1.278 de los 14.007 detenidos que alberga son considerados “de riesgo” por el grupo etáreo que integran y las enfermedades preexistentes que poseen.
Estos planteos se reiteraron en 109 pedidos que llegaron a la Cámara de Casación -máximo tribunal penal del país-, que en primer lugar solicitaron la excarcelación y como medida alternativa, la prisión domiciliaria. Todos llegaron a dicha instancia luego de que los diferentes Tribunales Orales Federales (TOF) encargados de ejecutar las sentencias de esos detenidos, rechazaran los pedidos.
De forma remota, cada uno desde su casa, los jueces de la Casación en las últimas dos semanas rechazaron el 70% de estos planteos, respaldando a los jueces de los TOF. Hubo un argumento reiterado: “se recomienda a la Unidad Carcelaria donde se encuentre el detenido que arbitre los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene”.
Esa fue la respuesta para Lázaro Báez y para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. En el caso del contratista K, la Casación recomendó al Tribunal que lo juzga por lavado de dinero que cree el incidente para debatir si corresponde otorgarle el arresto domiciliario. Esta semana quedan pendientes la definición de la Cámara sobre José López, el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, y de Juan Pablo Schiavi, condenado por la tragedia de Once.
Todos ellos, integran la lista de presos de riesgo. Con enfermedades coronarias -algunos respiratorias-, sus abogados esgrimieron que ese cuadro de salud preexistente los colocaba en situación de vulnerabilidad ante el avance del COVID19 en tanto permanezcan en prisión. Pero para los camaristas no hay nada que “corrobore que estando afuera de la cárcel estarán mejor que permaneciendo donde están”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Entre los pedidos que la Casación no rechazó, otra porción fue devuelta a los respectivos TOF par su revisión. Ese fue el caso de Luis D’Elía, por ejemplo. La Casación remitió el pedido al Tribunal Oral Federal 6, después de que el ex piquetero K terminara internado por un cuadro de fiebre. La nueva resolución le concedió un arresto domiciliario transitorio, es decir, hasta que “cesen los motivos” que generaron dicha decisión.
Como el suyo, hubo quince resoluciones similares. En todas se pidió que se pondere el estado de salud y la edad de los presos. Los TOF no tienen plazos para expedirse al respecto.
La cuenta concluye con sólo diez pedidos de esos 109 a los que sí se les concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, en su mayoría casos de extrema vulnerabilidad, mujeres embarazadas y situaciones de extrema gravedad de salud. En este conjunto de resoluciones no hay ex funcionarios o casos de renombre mediático, pero sí personas con cuadros de gran complejidad, como el caso de una mujer con VIH y cinco niños.
Esta semana iniciará con otra Sala de Casación a cargo de la feria extraordinaria, a la que le esperan nuevos pedidos de excarcelación o domiciliaria. Como el del resto de las personas que hacen home office, los jueces deben realizar los acuerdos de forma online, con un sistema -el LEX100- que no funciona de manera óptima, y en cada resolución deben aclarar que queda expresa la voluntad de forma electrónica, ya que ningún juez cuenta con la firma digital autorizada.
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