El lunes 30 de marzo, con la pandemia del coronavirus como telón de fondo, el parlamento húngaro le otorgó al primer ministro Viktor Orbanun conjunto
de amplios poderes extraordinarios. Ahora tiene la capacidad de suspender las leyes existentes y gobernar por decreto durante un período indefinido. No se podrán hacer elecciones, y cualquier ciudadano que sea sorprendido diseminando lo que el gobierno considere “falsedades” o “verdades distorsionadas” que obstaculicen los esfuerzos por proteger al público de la pandemia se enfrentaría hasta a cinco años de prisión. En teoría, el parlamento podría derogar la ley con una mayoría de dos tercios, pero esto no ocurrirá, porque el partido de Orban ostenta la mayoría en este organismo. En la práctica, Orban gobernará por decreto durante todo el tiempo que le plazca.
Muchos observadores han interpretado esta “Ley Habilitante” como una sentencia de muerte para la democracia húngara. Sin embargo, esto no es totalmente cierto: hace ya tiempo que Orban había dado el golpe de gracia a la democracia húngara.
Los principales expertos en regímenes híbridos consideran que, desde hace tiempo, Hungría no ha sido una democracia, sin más bien un “autoritarismo competitivo” o una “autocracia electoral”. Más recientemente, los organismos internacionales de calificación han comenzado a darse cuenta de esto y a degradar la calificación de Hungría, convirtiéndola en el primer Estado miembro de la UE en perder la calificación de “país libre” de Freedom House o la de “democracia” de V-Dem. Pero, si Hungría ya era una autocracia, ¿qué fue lo que cambió con la aprobación de la “Ley Habilitante” de esta semana?
Si bien es cierto que Orban ya gobernaba Hungría con pocas restricciones, los acontecimientos de esta semana constituyen un cambio profundo. Con este último acto de acaparamiento de poder, Orban ha abandonado cualquier pretensión de ser un líder democrático.El autogolpe de Orban es tan descarado que creará tensiones con la UE, y podría incluso llegar a poner en riesgo la cómoda posición que se ha labrado como miembro del Partido Popular Europeo, y como destinatario de los gigantescos subsidios de la UE, que posteriormente puede dedicarse a repartir entre sus compinches. Cierto es que escudarse en una emergencia para arrogarse poderes extraordinarios es uno de los trucos más clásicos de los autócratas. Pero, considerando lo atornillado al poder que ya estaba Orban en Hungría, ¿por qué ha decidido emprender esta acción tan agresiva?
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Para comprender mejor este deseo de acaparar aún más poder, es necesario evaluar los medios, los motivos y la oportunidad. Con una mayoría de dos tercios en el parlamento, un tribunal constitucional repleto de leales partidistas y un férreo control sobre los estamentos del poder gubernamental, hace ya tiempo que Orban ha contado con los medios para establecerse como un auténtico dictador. La pandemia le proporcionó el motivo y la oportunidad para dar el zarpazo.
Los motivos de Orban
El gobierno de Orban ha hecho una mala gestión y ha invertido insuficientemente en los servicios sanitarios de Hungría durante años. El sistema podría colapsar debido a la tensión causada por la crisis. La divulgación de las carencias en el sector sanitario podría incrementar la oposición pública al régimen, lo que volvió imperativo para Orban el silenciar los pocos medios de comunicación independientes que quedaban en Hungría.
Además, la legitimidad del régimen se ha apoyado en gran medida en su (supuesto) éxito económico, pero esto podría desvanecerse ante una recesión causada por el coronavirus y el colapso de la inversión extranjera directa. Ya antes de la crisis, Orban se enfrentaba a la perspectiva de que la UE podría limitar su capacidad de desviar sus generosos subsidios hacia sus compinches mediante la imposición de una nueva “condición de estado de derecho” en el siguiente presupuesto de la UE. En vista de estas perspectivas de paralización económica y una potencial disminución en el nivel de generosidad de la UE, le hacían falta nuevas fuentes de ingresos para financiar a su “estado mafioso”. Tal como ha indicado Péter Krekó, mediante la implementación de estos poderes extraordinarios, el gobierno de Orban ha constituido una “fuerza operativa militar para supervisar las operaciones de las 140 empresas que suministran servicios esenciales”. El régimen tiene planes para que el gobierno adquiera derechos de propiedad sobre las empresas a las que rescate. Orban podría tener la intención de aprovechar la crisis como una tapadera para apoderarse de compañías nacionales y extranjeras, y ponerlas bajo el control de sus compinches de Fidesz.
Por último, Orban podría querer aprovecharse de la crisis para legitimar su versión de gobierno autoritario, y por consiguiente desacreditar totalmente a la UE como una unión de democracias liberales. Si Orban simplemente quisiera atornillarse al poder, podría haber evitado una demostración tan flagrante de desdén hacia la democracia Pero sus ambiciones van más allá. Quiere demostrar su impunidad y también demostrar ante otros aspirantes a autócratas que ellos también pueden salirse con la suya y establecer autocracias dentro de la UE.
Oportunidad
La crisis del coronavirus no solo acrecentó la motivación de Orban para convertirse en un dictador, sino que también le proveyó de una oportunidad ideal para ello. Durante la consolidación de su régimen autocrático en la última década, Orban ha confiado una y otra vez en que la UE haya estado demasiado ocupada lidiando con otras crisis (como la crisis de la Eurozona, la crisis de la emigración y el Brexit) como para prestarle demasiada atención. El cálculo de Orban es que, en vista de que los demás líderes nacionales y de la UE estarán enfocados en lidiar con la pandemia y la subsiguiente crisis económica, hay pocas probabilidades de que deseen gastar capital político en enfrentarse a él. Además, se ha dado cuenta de que una de las principales herramientas que la UE podría utilizar para sancionar a su régimen ─la suspensión de los subsidios de la UE─, podría generar muy mala prensa para la UE durante esta crisis.
Las reacciones iniciales de los líderes de la UE durante los dos últimos días sugieren que Orban tenía razón al pensar que le era posible imponer una dictadura con impunidad. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, quien resultó electa con el apoyo de Orban y quien también ha estado socavando los esfuerzos por imponer mano dura a su régimen, emitió un raquítica declaración en la cual no se mencionaban los nombres de Orban ni de Hungría, y la que simplemente prometía “supervisar, en un espíritu de cooperación, la aplicación de las medidas de emergencia en todos los Estados miembros”. Un grupo de trece gobiernos de Estados miembros emitió un comunicado conjunto con un tono más fuerte, pero que tampoco mencionaba a Orban por su nombre y que tampoco apoyaba ninguna acción específica más allá de hacer un llamado a la Comisión para la “supervisión” de todas las medidas de emergencia implementadas por los estados, y al Consejo de Ministros para que se discuta el tema “cuando sea apropiado”.
Las respuestas más significativas han provenido de los miembros del grupo político de Orban ─el Partido Popular Europeo (PPE)─. Destacadas figuras del Partido de Coalición Nacional Finlandés o el Partido Popular Conservador de Dinamarca quienes han abogado por su salida del grupo y de su facción en el Parlamento Europeo. Si bien el CDU de Angela Merkel ha sido un tradicional defensor del régimen de Orban, uno de sus potenciales sucesores, Norbert Rӧttgen, ha expresado sin ambages que sus acciones son inaceptables.
Si bien las experiencias del pasado sugieren que, en última instancia, los líderes del PPE seguirán apoyando a su títere autocrático, podría ser que las descaradas acciones de Orban acaben por provocar que le echen del bloque de centro-derecha. Pero, por ahora, Orban percibe que su régimen puede resistir sin el apoyo de sus mecenas del PPE. Ha cultivado una cercana relación con el gobierno del PiS en Polonia, y con otros partidos de ultraderecha, como el Lega de Matteo Salvini. Parece confiado de que la UE no le suspenderá el flujo de capital del que depende su régimen, y de que puede ignorar olímpicamente los supuestos valores democráticos de la UE sin temor de recibir sanciones significativas.
R. Daniel Kelemen. La Vanguardia
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