Los inversores tenían razón al temerle al default selectivo de los bonos bajo legislación argentina

Por eso, quienes compraban bonos de la deuda estaban dispuestos a pagar mucho más por el mismo bono si tenía la protección de los tribunales estadounidenses, y menos si eran títulos que se habían emitido bajo la legislación argentina. Es lo que el mercado llama “brecha de jurisdicción”.

La tendencia no es nueva, pero cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, avanzó con la reestructuración de la deuda sin rumbo claro, esa brecha se amplió. Los miedos de los acreedores tenían sustento pese a que hace una semana el Gobierno juraba que no habría discriminación en el tratamiento de los títulos emitidos bajo ambos legislaciones: finalmente la deuda en dólares emitida bajo ley localse pateó para 2021.

Este lunes, tras el anuncio, en las primeras operaciones fuera del país esa brecha empezó a expandirse aún más. A grandes rasgos, los bonos locales tienen más rendimiento porque el retorno es un reflejo del riesgo que llevan implícitos para el tenedor y es la contracara del precio. Esto quiere decir que cuanto más barato y castigado está un bono, más alta es la tasa de interés que se paga.

Si se toman dos bonos similares por su vencimiento, como el Bonar 2020 y el Global 2021, el primero, emitido bajo ley argentina, rinde casi 4% más (375 puntos básicos), que el 2021, que se rige por la ley neoyorquina. En el caso de bonos de vencimiento más lejano en el tiempo, la diferencia de rendimiento es mucho mayor, porque el plazo añade aún más riesgo. El bono Discount emitido bajo ley argentina rinde casi 15% (1.463 puntos básicos) más que su equivalente en ley extranjera.

Ya a fines de febrero, esta brecha había tocado un máximo de 10 dólares, es decir, que se pagaban 10 dólares más por bonos con garantía de los tribunales neoyorquinos. Para tener una medida de comparación, durante la gestión de Mauricio Macri esa diferencia entre los bonos bajo ley argentina y los de ley extranjera era de dos dólares.

Hay dos elementos en juego: el “riesgo litigio” y el “riesgo reestructuración”. El primer término se refiere a que cualquier inversor, en caso de default, prefiere litigar en tribunales extranjeros, no sólo porque evita los tribunales argentinos -más permeables a los intereses del Gobierno- sino porque los bonos poseen cláusulas de emisión que protegen mejor a los acreedores en caso de que se quieran cambiar las condiciones originales.

El segundo término se refiere a que el mercado siempre presintió que si las negociaciones para la reestructuración naufragaban o se dilataban demasiado, el “Plan B” sería postergar los pagos de los títulos emitidos bajo la ley local en dólares y honrar los compromisos, muy inferiores en monto este año, de los títulos bajo ley extranjera.

“Los miedos estaban fundados”, comenta Gustavo Neffa, de Research for Traders, en base a la decisión del domingo a la noche, que postergó hasta 2021 todos los pagos de la deuda emitida bajo legislación argentina. “Guzmán no honró lo que dijo la semana pasada. Privilegió la necesidad de arreglar la ley extranjera”, apuntó. El analista recordó que la semana pasada, tras los dichos del ministro de Economía, muchos inversores habían apostado a bonos locales y el Bonar 20, con vencimiento para el miércoles, subió 21% en la semana pasada.

“Buscan evitar el proceso doloroso de un default que implique embargos y demás”, asegura Neffa, aunque aclara que esto ya se trata de un default unilateral y selectivo. “No había ningún avance en la negociación. Y las proyecciones de deuda que había hecho el Gobierno quedaron arcaicas en el nuevo escenario”, explica.

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