Familiares de víctimas de femicidio y otros crímenes se expresaron en contra de una resolución en la que, aseguran, se ofrecen beneficios a las personas privadas de su libertad con el
fundamento de poder contraer coronavirus. Muchas de ellos, agrupados en el Observatorio de Víctimas de Delitos, enviaron una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Néstor de Lazzari.
En el texto exigen que se les notifique a las victimas o familiares “previo a tomar cualquier decisión vinculada a la libertad, morigeración o beneficios de las personas privadas de su libertad”
Jimena Aduriz, madre de Ángeles Rawson, asesinada en 2013 en el barrio porteño de Palermo por el condenado encargado de edificio Jorge Néstor Mangeri, manifestó: “Con mucha indignación recibimos la información que a presos se los ha beneficiado con la prisión domiciliaria, entre ellos, a violadores”.
Comunicado de los integrantes del Observatorio de Víctimas de Delitos pic.twitter.com/JcR1bMwGgS
— Observatorio de Victimas de Delitos (@ODelitos) April 5, 2020
En tanto Guilermo Bargna, padre de Soledad víctima de femicidio, afirmó: “Consideramos un error haberle dado a los detenidos celulares conociendo el riesgo que significa para las víctimas, los testigos y la sociedad en general”.
Matías Bagnato, víctima de la masacre de Flores, comentó que “a raíz de esto, Carolina Píparo fue amenazada por uno de los agresores y asesino de su hijito desde el penal donde está cumpliendo la condena”. “Exigimos al Estado, que si toma estas medidas, controlen que no sean utilizadas para cometer nuevos delitos”, agregó.
En la carta enviada a Eduardo Néstor de Lazzari, presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, afirma: “Somos conscientes de las limitaciones operativas que atraviesa el sistema de justicia por las medidas dispuestas para mitigar la propagación del COVID-19, pero estas no pueden ser un obstáculo para el ejercicio de los derechos garantizados por la Ley de Derechos y Garantías de las Victimas”.
Uno de los hechos que motivó a esta reacción fue lo que ocurrió el domingo pasado. Carolina Píparo, diputada provincial por Juntos por el cambio, denunció en las redes sociales amenazas de parte del hombre que la baleó y que está preso desde hace casi diez años.
Es que una de las tantas medidas en las cárceles es que se les permite a los presos bonaerenses utilizar celulares ante la prohibición de visitas. Una decisión tomada en medio de la crisis por la pandemia.
Según las capturas de imágenes que hizo Píparo, el hombre le escribió diversos mensajes en respuesta a una publicación del 2 de abril que recordaba las inundaciones de 2013 en La Plata: “De mi tampoco te olvides, Carlos Moreno”, “El mismo que te disparó, Carolina Píparo, basura de mujer” y “Acá adentro, mejor que nunca, unidad 34”. En esa unidad funciona el Instituto Neuropsiquiátrico de Seguridad donde el asesino está siendo evaluado por padecimientos psiquiátricos.
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