Legisladores que responden a Cristina y Máximo Kirchner salieron a avalar ayer la creación de un impuesto extraordinario en la crisis por el supervirus, que deban afrontar los “super ricos” de
la Argentina: grandes empresas, personas físicas y en particular, el universo de los que exteriorizaron bienes en el blanqueo de 2017.
Pero la iniciativa, en la que trabaja el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, por encomendación del hijo de la vicepresidenta, generó el rechazo tanto de algunos referentes de la oposición, como el silencio de otros que entienden que hay “una interna” en el Frente de Todos, por la forma de financiar el Estado en la crisis. Cerca de Máximo K., en tanto, dijeron que el proyecto está “en revisión” y se conocerá en unos días.
Después del domingo, en que el presidente Alberto Fernández concedió en una entrevista que le parecía “más razonable un esfuerzo” por parte de “los evasores” que blanquearon en 2017, la Casa Rosada -el “albertismo”- no volvió sobre el tema.
Tampoco se pronunció Sergio Massa, titular de Diputados, quien hace días había pregonado la rebaja de las dietas en un 40%, una postura que entró en colisión con el cristinismo que la consideró parte de un discurso “antipolítico”. También el Presidente había rechazado la idea de recortar los sueldos de la política que, dijo, no son exorbitantes y ejemplificó que el 25% que resignó cada ministro de la Corte Suprema “es casi el sueldo del Presidente de la República”. “La política es un servicio público, no estoy en esa lógica (del recorte)”, completó.
Muchos, incluso en las filas K, ven en el proyecto de gravar las “grandes fortunas” la respuesta política del kirchnerismo a los “caceroleros de las 21.30” a los que emparentan con el macrismo y con “los empresarios” a los que criticó el Presidente, tras los despidos en el grupo Techint.
Pero muchos se preguntan si Alberto que anima un perfil moderado, activará o no un apoyo concreto a lo que aparece empujando el ala dura K del Frente de Todos, que imagina poder capturar montos millonarios.
Hugo Yasky, diputado kirchnerista y líder de la CTA, dijo ayer que “sumando las mayores 50 fortunas de la Argentina teníamos más de 70.000 millones de dólares. Si se aplica el 1,5% se juntan 1.050 millones”.
Desde la misma bancada, Fernanda Vallejos, titular de la Comisión de Finanzas señaló que “la Argentina está tercera en el ranking mundial de evasión fiscal. No es por los laburantes que pagamos IVA y Ganancias, sino por las fortunas ocultas en guaridas”.
Entre los apoyos se contó Pablo Moyano, hijo del líder camionero. Tanto en la propuesta de gravar a los que blanquearon en 2017 como en recortar las dietas a legisladores que tienen más de 20 millones de pesos de patrimonio. Uno de los puntos que propuso Máximo Kirchner.
La idea de Heller, como indicó este lunes Clarín, es ir más lejos de los que entraron al último blanqueo: incluir a “las grandes corporaciones, exportadoras, bancos, cadenas de supermercados”. “Es la única salida para generar recursos extraordinarios”, insistió el diputado ayer.
Como sea, la iniciativa no tendrá tránsito fácil en Diputados, donde al oficialismo le cuesta reunir 129 diputados, y necesitaría además ese número para votar un nuevo impuesto ya criticado por “anticonstitucional”.
El macrista Luciano Laspina, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, advirtió que “no conozco ningún país de la tierra que esté subiendo impuestos en esta coyuntura de crack generalizado. Menos a las empresas que muchas están al borde de la quiebra. Seremos un caso de estudio, como tantas veces”. Y agregó: “El impuesto a los activos del blanqueo, solo para esos contribuyentes es inconstitucional. En todo caso debería ser para todos, como fue la última suba de Bienes Personales”.
El radical Alfredo Cornejo también salió al cruce: “Necesitamos que nuestra economía sea blanqueada y aún faltan realizar muchos blanqueos. El camino no es el de castigar a los que de buena fe blanquearon capitales, sentará un precedente negativo”.
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