El Gobierno anuló las licitaciones de aceite y azúcar con sobreprecios y realizará una nueva

la Sigen.

“Se va a hacer una nueva convocatoria“, destacaron.

Arroyo así lo anunció tras haber desplazado más temprano a Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de Política Social, que quedó en el ojo de la tormenta porque llevó adelante la polémica licitación para comprar alimentos.

El pedido de renuncia es el primer resultado que arrojó el sumario interno que se inició el lunes en Desarrollo Social. “Vamos a avanzar con el circuito administrativo de las compras para el ministerio y no se descartan más cambios”, expresaron fuentes oficiales.

Asimismo, el Gobierno nacional estableció, a través de una resolución administrativa, que “en los procesos de compra que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los Precios Máximos o aquellos que se dispongan en el futuro“.

La nueva disposición instruye también a los titulares de los ministerios y de los organismos descentralizados a realizar, en aquellos procesos que no se encontraren concluidos, las diligencias necesarias para que se respeten, en todos los casos, los precios máximos.

El escándalo comenzó este lunes, cuando los periodistas Diego Cabot y Matías Longoni dieron cuenta de 6 resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que autorizaban la compra de 5 toneladas de alimentos por un total de $534 millones que incluía aceite, arroz y fideos, entre otras mercaderías.

En algunos casos el gasto estaba muy por encima de los precios máximos que se encuentran en las góndolas, pero más importante -como insistieron en el Gobierno- de los “precios testigo” que fija la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En Desarrollo Social reconocieron que los problemas específicos eran con el arroz y con el aceite, que figuraban puntualmente en las resoluciones 152 y 159 /2020.