El bloque de diputados de la Coalición Cívica -presidido por Maximiliano Ferraro, un hombre muy cercano a Elisa Carrió– presentó un proyecto de Resolución para pedirle al presidente Alberto Fernández que destine
todos losbienes y dinero obtenidos por delitos de corrupción y narcotráfico para afrontar la pandemia del coronavirus.
El texto señala que “el Estado pretende implementar una política fiscal expansiva para contrarrestar los efectos nocivos”, con “un proceso de renegociación de deuda en marcha y el riesgo de entrar en un régimen hiperinflacionario a la vuelta de la esquina”.
Por eso, asegura que “es necesario maximizar el uso eficiente de los recursos” y propone que “se empiece por un tema fundamental: recuperar lo robado”.
“La causa de fraude a la AFIP en la que estuvo involucrado el ex empresario Cristóbal López significaría hoy para el Gobierno 258.219.844 de dólares con los que podría construir 55 hospitales o comprar más de 21 mil respiradores. Así como también con el desvío de fondos de los ‘Pibes Villeros’ de Milagro Sala que suma 9.621.212 de dólares, podría adquirir 794 respiradores o sumar 85 ambulancias de alta complejidad. Con el embargo a la vicepresidenta Cristina Fernández por asociación ilícita que sumaría 151.515.152 de dólares, el Gobierno podría adquirir 253 tomógrafos o 12.500 respiradores para afrontar la crisis por el coronavirus además de cubrir jubilaciones mínimas y canastas básicas”, apuntaron desde la bancada de la CC.
En esa línea, la iniciativa detalla que entre 2015 y 2018, “teniendo en cuenta las más de 150 causas en las que la Dirección General de Recupero de Activos y Bienes Decomisados ha intervenido”, se lograron “inmovilizar en forma efectiva mediante distintas medidas cautelares más de 95 mil millones de pesos, 719 inmuebles, 1.866 vehículos, 21 embarcaciones y se dictaron 242 inhibiciones general de bienes”.
Los legisladores de la oposición aseguran que el Ejecutivo cuenta con las herramientas para avanzar en el tema por el DNU 62/19 y su Anexo que “regulan la acción civil de extinción de dominio y su régimen procesal” y “los artículos 23, párrafo 7 y 305 del Código Penal, que regulan las facultades judiciales de decomiso anticipado y decomiso definitivo de bienes, respectivamente, con la participación de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, dependiente de la Procuración General de la Nación”.
“Con el dinero contenido en los bolsos que el ex secretario de Obras Públicas José Antonio López intentó esconder en un convento en 2016 y cuyo origen aún no ha podido demostrar, se podrían adquirir 743 respiradores o 16 tomógrafos para equipar los hospitales”, ejemplifica el proyecto y concluye: “Debemos recuperar lo robado porque corresponde que vuelvan al Estado la totalidad de los fondos que fueron sustraídos para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud y quienes perpetraron maniobras contra las arcas públicas deben rendir cuentas ante la justicia por sus acciones”.
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