Mario hace changas “en negro”, es soltero, sin hijos y recibe $ 2.400 mensuales del Plan Ciudadanía Porteña, que se entregan a través de una tarjeta magnética precargada, que se utiliza únicamente para la
adquisición de alimentos, productos de limpieza e higiene personal, útiles escolares y combustible para cocinar. Se pre-inscribió para recibir el bono extraordinario de $ 10.000. Y la solicitud fue denegada porque percibe un plan social.
La misma respuesta negativa recibieron miles de personas adheridas a otros programas, que tienen montos diferentes -como el “salario social complementario” equivalente a la mitad del salario mínimo ($ 8.437)-, muchos de los cuales se comunicaron con Clarín sorprendidos con el rechazo.
La respuesta de la ANSeS se encuadra en la reglamentación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que dice que el programa es incompatible con tener ingresos de “Planes sociales, Salario Social Complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales”. Otra causal de rechazo es cobrar la “Prestación por desempleo”.
Estas exclusiones abrieron ya un debate entre las organizaciones y especialistas vinculados a los sectores que reciben esos planes porque consideran que se trata de personas con alta vulnerabilidad social, agravada ahora por el coronavirus y la cuarentena. Hay un defecto en el “diseño” del IFE, sostienen, porque es gente que está muy lejos de los montos mínimos de ingresos y patrimonio, uno de los requisitos del Programa.
Se estima que por esa incompatibilidad entre planes sociales e IFE quedan fueran del Programa cientos de miles de personas. La dificultad de precisar el número entre los especialistas se debe a que quienes cobran esos planes y el seguro de desempleo suman más de un millón. Pero, si tienen hijos menores y cobran la AUH, sí reciben los $ 10.000.
También lo van a cobrar las mujeres que reciben la ayuda por Embarazo para Protección Social y los beneficiarios de “asignaciones familiares correspondiente al subsistema contributivo para personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (“monotributo social”), de asignaciones familiares para los trabajadores y trabajadoras del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y del programa PROGRESAR”.
La Prestación por Desempleo la cobran unas 120.000 personas. Es una ayuda transitoria que va de 2 a 12 meses, prorrogable otros 6 meses a los que tienen más de 45 años (siempre que no consiga trabajo en ese lapso). Para trabajadores asalariados desocupados despedidos “sin justa causa” o por “fuerza mayor” que cuentan con una cantidad mínima de aportes patronales al Sistema de Seguridad Social.
La ayuda la fija el Consejo del Salario Mínimo, y desde octubre pasado tiene un tope $ 6.280,28 porque a partir del cuota 5ª el monto a cobrar se reduce al 85% del valor vigente y a partir de la cuota 8ª al 70% ($ 4.396).
Por el DNU 332 se fijó que los montos de las prestaciones económicas por desempleo en forma transitoria serán de un mínimo $ 6.000 y un máximo $ 10.000 pudiendo el Ministerio de Trabajo “modificar la operatoria del Sistema integral de prestaciones por desempleo”.
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