El Tribunal de Casación bonaerense dispuso este miércoles ordenar el arresto domiciliariode todos los presos “en riesgo de contagio por coronavirus” alojados en las cárceles de la Provincia. Según pudo averiguar Clarín,
la medida alcanzaría a casi 800 procesados y condenados por delitos leves con más de 65 años, embarazadas, con enfermedades pulmonares graves o madres que viven tras las rejas con hijos menores.
La resolución lleva la firma del vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, pero -según expresa- fue consensuada con el resto de los jueces de casación de la Provincia.
Se trata de un hábeas corpus colectivo, presentado en principio por la defensora general de Mar del Plata, Cecilia Boeri, pero que luego acompañaron sus colegas de los 17 departamentos judiciales que trabajan en Buenos Aires.
En el fallo, al que tuvo acceso este diario, se reconoce “la gravísima situación de las personas privadas de la libertad, por la superpoblación en los centros de detención”. Y sostiene que “a los efectos de contener la pandemia, deben instrumentar medidas alternativas a la prisión o reexaminando las prisiones preventivas ya decretadas, dando prioridad a las personas en situación de riesgo”.
El sistema penitenciario provincial tiene una superpoblación del 120%: cuenta con capacidad para alojar a 24 mil detenidos, pero en sus celdas se apiñan casi 52 mil personas. Desde que comenzó la pandemia, las autoridades del Ministerio de Justicia aceleraron las medidas preventivas y dispusieron recursos sanitarios. El ingreso del coronavirus al otro lado de los muros sería una tragedia, coinciden los especialistas.
Por eso, hace tres semanas, los propios presos decidieron no recibir visitas. El contacto con familiares e íntimos está suspendido para el 90% de los reclusos.
Violini fue el juez que también ordenó al Ministerio que habilite el ingreso de teléfonos celulares para los internos. Se redactó un protocolo y desde el fin de semana pasado, los detenidos tienen permiso para hablar desde líneas autorizadas.
El comienzo de ese régimen coincidió con un caso de amenazas desde una celda. Lo denunció Carolina Píparo, la mujer que embarazada de ocho meses fue atacada por motochorros. Carlos Moreno -el presunto autor del disparo que mató a su bebé en ese asalto- fue quien le escribió desde su cuenta de facebook posteos amenazantes.
La nueva decisión de Violini recomienda, además, “que deberá disponerse la prohibición de nuevos ingresos al sistema de personas que estén comprendidas en las situaciones de riesgo”.
Según explicaron esta noche fuentes judiciales, la determinación es de cumplimiento inmediato. “Se enviará un listado con las personas que están en esa situación a las Cámaras Penales de cada jurisdicción. Luego ellos ordenarán a los respectivos jueces que dispongan la morigeración de la prisión”, aclararon.
De acuerdo con una nómina confeccionada por el el SPB y por el ministerio de Seguridad, en el Servicio Penitenciario hay casi 500 personas con enfermedades graves como tuberculosis, EPOC y otras pulmonares. Unos 150 tienen más de 65 años y hay 40 mujeres embarazadas o con niños dentro de los presidios.
No están alcanzados por el beneficio quienes hayan cometido delitos graves como violación, homicidio, robo agravado y violencia de género.
La evaluación que hacían esta noche en el SPB es que por lo menos 400 detenidos cumplen todos los requerimientos para ir “de inmediato” a una domiciliaria. Y el resto deberá ser evaluado por cada juez de Ejecución.
¿Hay dispositivos electrónicos o pulseras específicas para todos los que necesitan beneficiarios ?. La respuesta es no. “Cada juez debe resolver cómo debe cumplir esta decisión. Puede incluir un garante o un mecanismo para involucrar a un familiar que se haga cargo de que cumpla la cuarentena en su casa. Eso lo debe definir el juez. Pero en principio debe hacer ejecutar esta determinación“, fue la explicación.
Cuando termine la pandemia y la Argentina quede fuera de riesgo por coronavirus, este beneficio se revocará en forma automática.
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