Coronavirus en Argentina: preocupa entre familiares de víctimas la ola de domiciliarias y piden ser notificados

manifestaron “preocupados” e insisten en que se cumpla la Ley de Víctimas y se les informe de las decisiones antes de ejecutarlas.

“La Justicia debería notificar a las víctimas y permitirles hacer un descargo antes de beneficiar a los detenidos. Estamos recibiendo llamados de personas que se enteran porque preguntan en el juzgado, cuando pueden comunicarse, o porque les avisan desde otro lado, pero no se les permite argumentar en contra de la decisión, como dispone la ley, ni participar del proceso”, dice Matías Bagnato​, sobreviviente de la Masacre de Flores.

Hace unos días, con fecha del 6 de abril, él fue uno de los firmantes de una carta que presentaron al Juez Eduardo Lazzari donde le exigían el cumplimento de la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas. “Es una ley de orden público y por lo tanto de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional”, advertían.

También la firmaron Jimena Aduriz, la mamá de Angeles Rawson; Viviam Perrone​, la mamá de Kevin, víctima de un homicidio en un siniestro vial; Guillermo Bargna, padre de Soledad, asesinada en 2009; y Alberto Lebbos, el papá de Paulina Lebbos, víctima de un femicidio en Tucumán. 

Luego de presentarlo y mientras en la Provincia de Buenos Aires se conociera el beneficio para 800 detenidos, Alberto Lebbos se enteraba de que Héctor Brito, Policía y exjefe de la Unidad Regional Norte de Tucumán, condenado a cinco años de pena por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, estaba siendo beneficiado con la domiciliaria. La situación se extiende a todo el país y los familiares advierten que no se les está dando parte en la ejecución.

“Así está la situación: me acaba de avisar una vecina que a Brito, el único detenido por el encubrimiento del crimen de Paulina, le han dado la domiciliaria. Lo han pedido ocho y se lo han dado sólo a él. No me puedo comunicar con el juzgado, nadie me ha notificado nada, es un incumplimiento total de nuestros derechos”, se queja Lebbos desde Tucumán.

La decisión de la Cámara de Casación bonaerense surge a partir del pedido masivo de los abogados defensores ante la situación crítica de los penales de la Provincia ante la situación de hacinamiento, superpoblación y la falta de recursos para prevenir el ingreso del COVID-19 a los penales. La situación es grave y empeoró ante el brote del virus. 

Mirá también

Mirá también

Coronavirus en Argentina: benefician con arresto domiciliario a unos 800 presos de la Provincia

Si bien se trata de beneficios para quienes están detenidos por “delitos leves” y que se encuentran en situación de riesgo por edad o patologías preexistentes, también embarazadas o madres con hijos menores alojados en unidades penitenciarias, los familiares de víctimas temen que se extienda a casos más graves, que deberían ser revisados por los juzgados después de una catarata de pedidos.

Peor cayó entre los familiares cuando el Procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, al ser consultado sobre la posibilidad de que los detenidos se profuguen de sus casas, dijo: “Hay distintos mecanismos (de control). No hay certeza absoluta de que esto no suceda. Que escapen o no escapen es relativo. La preocupación mayor es cuál es el comportamiento de esas personas, y ahí hay distintos mecanismos”. Y detalló: “En algunos casos se les va a colocar un brazalete magnético para su seguimiento. En otros se les designará una persona garante o se les pondrá una consigna policial. Y en otros casos hay una tarea de patronato deliberado a cargo del Ministerio de Justicia para hacer un seguimiento”.

Lo cierto es que los familiares están preocupados de que, en la suma de casos, no se estén evaluando los alcances de la decisión: “No se trata de una facultad de los jueces sino de un deber de notificar a las víctimas de su facultad de participar en los actos procesales”, denuncian.

Viviam Perrone, ante la consulta de este diario, dijo: “Nuestra preocupación es la liberación de todos estos detenidos que no hayan cometido hechos graves. Ahora ¿quién es el que decide qué es un hecho grave o no? Estamos preocupados porque no se cumple con la Ley de Víctimas, no se le está avisando a la familiar que van a gozar de este beneficio. Con el acceso a celulares ya tuvimos el caso de Carolina, como un ejemplo”.