La muerte de un preso con síntomas de coronavirus en la comisaría de San Justo había encendido las alarmas, ya que las celdas estaban superpobladas, con 57 detenidos. Pero
en la tarde este jueves la sospecha se desechó, ya que el test determinó que la víctima no padecía COVID-19.
Apenas se conoció el caso, clausuraron preventivamente la seccional, aunque finalmente volvieron a autorizar que aloje hasta 47 reclusos. Antes del hecho había 10 más que lo permitido en plena cuarentena.
Mientras investigaban qué pasó, los reclusos con los que compartió encierro presentaron -a través de sus abogados defensores y de organismos de Derechos Humanos- habeas corpus para que se atienda la situación de encierro. Pidieron domiciliarias o excarcelaciones, además de que se cumplan con las condiciones sanitarias.
“Esta comisaría estuvo clausurada, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) dictó una medida cautelar por las condiciones de encierro. Se hicieron unos arreglos y un juez autorizó que alojara hasta 47 personas, pero había 57“, explicó Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que presentó un recurso para que no haya más internos en esta dependencia.
La preocupación no empezó el domingo cuando encontraron a Emiliano Alarcón (22) en el calabozo que compartía con 13 detenidos. Desde el inicio de la pandemia, el foco está puesto en el hacinamiento y en las condiciones de encierro de las personas privadas de su libertad.
Antes de que el aislamiento social, preventivo y obligatorio fuera un decreto, en varios penales los detenidos habían decidido restringir las visitas para proteger a su familias. El virus dentro de las cárceles podría generar un escenario crítico.
Pero en las comisarías la situación se prevé más grave: se trata de unas 4.000 personas en situación de encierro, sin las condiciones necesarias para combatir la pandemia. De ese total, 1.500 están en dependencias clausuradas por la Justicia.
El Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires autorizó, este martes, que los detenidos usen celulares mientras dure el aislamiento para que se comuniquen con sus familias durante el tiempo en el que no pueden recibir visitas.
La fiscalía a cargo de Claudio Fornaro intervino el domingo cuando se conoció la muerte de Alarcón, con síntomas de coronavirus. Según los peritos, no había indicios de muerte violenta, pero entrevistaron a los policías a cargo de la dependencia y a los compañeros de celda. También se dio intervención a la morgue para que realice el estudio correspondiente y la muestra sea enviada a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para su análisis.
Ninguno de los detenidos advirtió ninguna situación de violencia que pudiera derivar en la muerte del joven de 22 años que llevaba seis meses preso por una causa de homicidio. Pero igual se inició una causa por “averiguación de causales de muerte”.
Según fuentes consultadas por Clarín, el hisopado que se le realizó para establecer si tenía COVID-19 dio negativo.
Desde la cartera que conduce Sergio Berni no indicaron cómo se procedió con los policías de la seccional ni con los otros presos hasta tanto se confirmara o no si Alarcón había muerto como consecuencia de coronavirus.
Desde el 20 de marzo que Alarcón tenía un cuadro de fiebre, cefalea, vómitos, debilidad muscular y malestar general. Según los registros médicos que fueron secuestrados por la fiscalía, había sido derivado a un centro de salud el 22 de marzo. El 28 y el 31 volvió a ser atendido en el Policlínico San Justo, pero en ningún momento activaron un protocolo de aislamiento del detenido ni se estudió la sospecha de COVID-19 ya que no le practicaron el hisopado.
Durante estas tres oportunidades el detenido fue alojado en distintas celdas con diferentes compañeros hasta la última, donde murió.
Un antecedente violento
La comisaría Distrital Noroeste 1° San Justo, ubicada en la calle Villegas 2459, fue escenario de un violento incidente a las 5.05 del 30 de abril de 2018, cuando un grupo de personas copó la seccional para rescatar a uno de los 43 detenidos.
Por el caso imputaron a nueve sospechosos (uno fue hallado ahorcado meses más tarde en el penal de San Nicolás), acusados de tirotearse con cuatro policías y de dejar parapléjica a una de las oficiales.
El inicio del juicio estaba previsto para el lunes 6 de abril último en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza, pero se pospuso hasta que se reanude la actividad judicial tras el levantamiento de la cuarentena obligatoria.
Dos de los principales acusados son Leandro David Aranda (24), el preso al que intentaron rescatar; y su esposa Zahira Ludmila Bustamante (21), ambos señalados como organizadores del golpe.
Aranda estaba preso desde 2017 como acusado de haber cometido un crimen narco en una villa de La Matanza.
EMJ
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