Coronavirus en Argentina: desde el 18 de marzo, 915 presos salieron de las cárceles bonaerenses

coronavirus,​ los jueces decidieron conceder la prisión domiciliaria provisoria a 915 internos desde el 18 de marzo a la fecha.

Esta semana se conoció que la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires dispuso que se conceda dicho beneficio hasta tanto dure la pandemia a aquellos presos de riesgo y que no hayan cometido delitos de gravedad. Fuentes oficiales indicaron a Clarín que hay 650 internos en condiciones de dejar las cárceles, pero ya no hay tobilleras para controlarlos.

En suelo bonaerense hay 57 cárceles y 7 alcaldías con 43.474 y 1.336 presos respectivamente. Estos números son altamente superiores a la capacidad real que el SPB posee para albergar a los internos. Sólo hay lugar para 29.000 personas. Esta radiografía expone una sobrepoblación del 50%. 

Con la pandemia del coronavirus como telón de fondo, hay otro parámetro que se impone: 3.112 son presos de riesgo, por sus edades (644 tienen más de 65 años) y por las enfermedades preexistentes que tienen. El SPB impuso un riguroso protocolo de higiene, medidas preventivas y algo casi imposible de cumplir: políticas de distancia entre los internos que se encuentran hacinados.

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“Todo esto representa un riesgo, no se cuenta con ningún interno con síntomas ni hay en las cárceles ningún enfermo con COVID19, pero si ocurre, ¿cómo lo parás?”, expresó a Clarín una fuente oficial bonaerense.

¿Cuáles son los factores de riesgo? Las enfermedades preexistentes de muchos reclusos. Hay 2.468 detenidos “con patologías de alto riesgo”. Dentro de este grupo, hay 233 presos que sufren tuberculosis, un total de 476 HIV, Diabetes I y II (809).

También, hay 950 internos que tienen las siguientes patologías: enfermedades respiratorias tales como neumonía y EPOC, cáncer y afecciones que requieren diálisis. A este universo de riesgo se debe sumar a las madres con niños y bebés dentro de las cárceles que son 58 y hay 20 mujeres embarazadas.

Estos son algunos de los factores contemplados por la Justicia de la provincia de Buenos Aires al momento de conceder prisiones domiciliarias. Según las cifras oficiales a las que accedió Clarín, desde el 18 de marzo cuando comenzó la cuarentena total en todo el país, se otorgó el arresto morigerado a 915 presos. Fueron trasladados a sus respectivos hogares para cumplir allí su pena.

Esta semana se conoció la decisión del vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, donde se plantea “la gravísima situación de las personas privadas de la libertad, por la superpoblación en los centros de detención”. Y sostiene que “a los efectos de contener la pandemia, deben instrumentar medidas alternativas a la prisión o reexaminando las prisiones preventivas ya decretadas, dando prioridad a las personas en situación de riesgo”.

Por ello, el magistrado habilitó a que se conceda “el arresto domiciliario de todos los presos “en riesgo de contagio por coronavirus” alojados en las cárceles de la Provincia, y asimismo que  “se disponga la prohibición de nuevos ingresos al sistema de personas que estén comprendidas en las situaciones de riesgo”.

La determinación será de cumplimiento inmediato y en base a un listado con aquellos internos que se ajustan a lo planteado por el Tribunal de Casación, para después ordenar a los respectivos jueces que dispongan la morigeración de la prisión.

A la fecha y en condiciones de dejar las prisiones bonaerenses ya hay 650 internos, indicaron fuentes oficiales a Clarín. La cifra podría superar la de los 800 presos que se verán beneficiados con el arresto domiciliario.

El problema radica en los controles para evitar que se fuguen. Las tobilleras electrónicas, utilizadas para este tipo de situaciones “ya están al tope, no se disponen con más”, explicaron a Clarín fuentes judiciales. Para controlar entonces que los presos cumplan con lo dispuesto por la Justicia, se enviarán policías a sus domicilios de forma “sorpresiva en una determinada cantidad de horas, para efectuar los controles”. Sin embargo, la totalidad de las fuerzas se encuentran abocadas a las requisas vinculadas a la cuarentena total.

El propio procurador bonaerense Julio Cont Grand sostuvo en declaraciones a TN que no hay certezas de que los presos no se fuguen, ya que la medida del arresto domiciliario es de carácter provisorio y estará en vigencia hasta tanto perduren las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus. Después los internos deberán regresar a las cárceles sobre-pobladas.

El juez Violini, que habilitó esta medida de arresto domiciliario masivo, fue quien, además, días atrás ordenó al Ministerio que habilite el ingreso de teléfonos celulares para los internos. Se redactó un protocolo y desde el fin de semana pasado, los detenidos tienen permiso para hablar desde líneas autorizadas.

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