Luego de la investigación de Clarín sobre una millonaria compra de tests para diagnóstico de coronavirus que el Instituto Malbrán está realizando a través de una invitación por correo electrónico a
decenas de laboratorios, el organismo difundió este domingo un comunicado en el que afirma que su accionar “fue conforme a derecho de acuerdo a las normativas vigentes”.
Este diario había llamado la atención justamente sobre los vericuetos y agujeros de discrecionalidad que el decreto 260 y la decisión administrativa 409/2020 de emergencia sanitaria consagran para que los organismos del Estado realicen compras por millones de pesos sin las licitaciones abiertas y los procedimientos de transparencia y control habituales. Esta arbitrariedad no implica necesariamente que el Malbrán u otros entes estén pagando sobreprecios o cometan otras irregularidades, pero eventualmente tampoco permite evitarlo antes de que suceda.
Respecto a la compra de los tests, el Malbrán aclara que les identificó a 35 posibles oferentes, verificó que estuvieran inscriptos en el SIPRO (sistema de proveedores) y “que la invitación fuera enviada al correo declarado por ellos como domicilio especial electrónico”. Tal como informó Clarín. La invitación a cotizar también incluyó a “las cámaras y asociaciones que nuclean a firmas de estos rubros”, “y se publicaron las bases del llamado en el sitio oficial de esta ANLIS (www.anlis.gov.ar)”. Este último paso no pudo ser comprobado por este diario, ni antes ni después de la publicación de la nota.
“Se estimó oportuno y conveniente remitir invitaciones en un número que supera largamente el previsto por la normativa de aplicación (la invitación como mínimo a tres (3) proveedores)”, sigue el comunicado, que evidencia la buena intención aún en uso de facultades arbitrarias, pues una convocatoria abierta no deja nada librado al criterio de oportunidad y conveniencia del licitante.
“La oferta, por lo tanto, fue abierta al público”, repite el instituto Malbrán.
“Se dice también que por otra modalidad de compra la Institución hubiese pagado menos, lo cual no es correcto, puesto que toda compra se realiza en pesos. No se impugna una oferta por ser ésta llamada en pesos, en tanto quienes se presentan son representantes de compañías extranjeras”. Sin embargo, tres importadores consultados por Clarín que habitualmente proveen al Estado aclararon que “si la compra se hace por precio CIF no tienen por qué pagarse los impuestos argentinos, y se pueden comprar un 70% más de tests por el mismo valor.” Una aclaración: este mismo gobierno ya habría utilizado ese mecanismo para comprar ropa para el Ejército a China, esa vez por razones de seguridad pública.
“Con respecto a los tiempos del procedimiento, decimos que el día y hora establecido como límite para la recepción de ofertas (6 de abril a las 12.00 hs) es correcto de acuerdo a la normativa. La recepción de ofertas recibidas por correo electrónico oficial (compras@anlis.gob.ar) se realizó en presencia del titular de la Unidad de Auditoria Interna de esta ANLIS y del jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones del organismo, elaborándose un acta de firma conjunta, registrada en el sistema de documentación electrónica bajo en Nro. de informe IF-2020-24253807-APN-UAI#ANLIS.” Este dato que ahora aporta el Instituto Malbrán es importante, y nadie lo conocía hasta este momento. Incluidos los oferentes, que según el comunicado del organismo ahora sabemos que son doce.
Los competidores son, entonces, Médica TEC SRL; Procienar S.A.; Lobov y cia S.A.; Medi Sistem S.R.L.; Pro Med Internacional S.A.; Atona Diagnostics Arg S.R.L.; Genbiotech S.R.L.; AP Biotech S.R.L.; Invitrogen Argentina S.A.; Bioars S.A.; Tecnoloab S.A. y Bioquímica S.R.L.
“Es de suma importancia aclarar que NINGUNA de las ofertas recibidas sobrepasa los precios estimados por la Institución, calculados en función de compras realizadas en enero y marzo de este año”, aclara el Malbrán. Uno de los datos más importantes de su comunicado.
Ahora “se encuentra en proceso de elaboración el pertinente informe técnico del Instituto requirente, que dará fundamentos a la autoridad competente para decidir la resolución del procedimiento. Luego de ello tomará intervención la Unidad Operativa de Contrataciones, que emitirá opinión. En esta instancia, eventualmente, se evaluara la pertinencia de requerir mejoramiento de oferta a los oferentes cuyas ofertas resulten más convenientes. Seguidamente se remitirán las actuaciones al servicio jurídico, como paso a la instancia final del dictado del acto administrativo correspondiente”. Un bienvenido procedimiento interno del que ningún proveedor tenía noticias, ni tiene plazos.
“Como acto final, y por expresa manda legal, será publicado el acto resolutivo y las órdenes de compra, en el Boletín oficial de la Nación y la Oficina Nacional de Contrataciones, a través de su sitio oficial (COMPRAR)”. En ese sitio web, consultado por Clarín, existe la pestaña “procesos de apertura próxima”, en el que los organismos vuelcan sus licitaciones y compras en curso. Como el mismo Instituto Malbrán lo admite, la “invitación” para cotizar por la compra de 500 mil tests para coronavirus por casi 855 millones de pesos no fue publicada en ese sitio oficial.
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