Desde el 20 de marzo la Justicia comenzó a funcionar de forma remota. Cientos de resoluciones a resolver con los jueces cada uno desde su casa en medio de la emergencia
sanitaria por el coronavirus le imprimieron otro ritmo a los Tribunales de Comodoro Py. Epicentro de las principales causas que rozan al poder político, los tribunales federales tienen una agenda que quedó postergada y sin fecha de reanudación: la de los grandes juicios por corrupción. Jueces y fiscales coinciden en plantear que todo quedará en “stand by” por la pandemia e incluso creen que cuando concluya la cuarentena no será sencillo volver a reanudar los juicios.
“Cómo hacés un juicio sin juntar mucha gente en una sala, cómo evitás la circulación de muchas personas”, reflexionó un juez que integra uno de los tribunales que llevan adelante causas por corrupción. La pregunta planteaba ¿qué va a suceder con los juicios por corrupción a integrantes del kirchnerismo? Los jueces saben que los plazos los rige la Corte Suprema respecto a la feria extraordinaria que se prorrogó este domingo y hasta el 26 de abril inclusive. El resto es incertidumbre.
En estos días, con el país en cuarentena absoluta, la justicia tiene como urgencia resolver los pedidos de prisiones domiciliarias y excarcelaciones que se presentaron desde que se declaró la emergencia sanitaria. En dos semanas ingresaron a la Cámara de Casación -Máximo Tribunal Penal-, 250 reclamos. Todos ellos pasaron previamente por los Tribunales Orales con presos a disposición y que no hicieron lugar a los beneficios solicitados como el arresto domiciliario.
Son los temas que en feria extraordinaria tienen prioridad. Por delante queda resolver cómo se reactivará el sistema judicial. Los grandes juicios por corrupción y lavado de dinero están suspendidos y su reanudación es una fecha que nadie se anima a arriesgar. “Todo está supeditado a cuánto dure la cuarentena”, expresó un juez con más de una década integrante un Tribunal de juzgamiento.
En consecuencia, se abre otro debate. Cómo van a correr los tiempos. Por ejemplo, el juicio contra Lázaro Báez por haber lavado U$S 60 millones en tres años, estaba próximo a concluir. El TOF 4 estimaba que para abril, mes ya en curso, se estaría cerca de leer la sentencia en el caso conocido como la Ruta del Dinero K. El tiempo apremiaba porque el empresario cumplió cuatro años de prisión preventiva el 5 de abril sin condena aún.
“Es difícil imaginar reanudar un juicio en estas circunstancias, menos en etapa de alegatos donde todos los acusados deben estar presentes”, señalaron a Clarín fuentes del caso. El expediente cuenta con 26 imputados, un número elevado y es la Ruta del Dinero K la causa de mayor envergadura en instancia de juicio en materia de blanqueo. Mientras, Báez reclama por el tiempo transcurrido una morigeración de su detención, rechazada en varias instancias.
Con 16 imputados y con Cristina Kirchner como principal acusada de ser jefa de una asociación ilícita que contratos viales a favor del Grupo Austral (de Báez), una defraudación al Estado contabilizada en $ 46.000 millones, la causa por la presunta corrupción en la obra pública, también ingresó en un paréntesis. A cargo del TOF 2, se encontraba tomando declaraciones testimoniales a un listado de más de cien personas.
La cantidad de personas involucradas, la posibilidades físicas de las salas de Comodoro Py y la políticas de distanciamiento y prevención de estos tiempos, son la primera barrera para garantizar que ese juicio pueda retomarse con normalidad. “La Justicia en materia de juicios está en suspenso hasta que no se sepa cuándo concluye la cuarentena y cuando eso ocurra, no se sabe bajo qué reglas se va a hacer, cómo se flexibilizará”, planteó una fuente judicial.
La situación se traslada a otros juzgamientos. El que tiene el TOF 3 y que llevó al banquillo de los acusados a Cristóbal López, a Fabián De Sousa y a Ricardo Echegaray. Ya venía con retrasos ya que algunos de sus jueces integran otros tribunales (de los 8 TOF, sólo la mitad están completos). Por las subrogancias se superponen audiencias semana tras semana.
Ricardo Jaime no queda exento de esta situación. Enfrenta un juicio donde se acumularon cinco causas en su contra, una de ellas compartida con Julio De Vido por la compra de trenes chatarras a España y Portugal. “Es imposible hoy pensar cómo se retomarán los juicios, incluso de acá a muchos meses, cómo hacés para que las audiencias no sean un factor de riesgo”, reflexionó un juez que integra más de un Tribunal.
La situación corre los plazos de todo. Así, aquellos juicios que se esperaban tengan su inicio en la segunda etapa de este año tienen un gran signo de interrogación. Nada parece garantizar que ese calendario se cumpla. Las causas por lavado de dinero contra Cristina, Máximo y Florencia Kirchner quedan en la previsiones del próximo año. Es el juez Daniel Obligado quien preside el TOF 5 que tiene las causas Hotesur y Los Sauces a cargo, el mismo que concedió la prisión domiciliaria a Amado Boudou hace una semana.
Entre los juicios que ante este escenario, no comenzarían sino hasta el 2020, está el caso por el desvío de fondos de la mina de carbón de Río Turbio, que tiene a De Vido como principal imputado. Asimismo, la causa por los Cuadernos a cargo del TOF 7, como las investigaciones conocidas como Skanska I (por las facturas apócrifas) y Skanska II (por la ampliación de gasoductos), no tienen probabilidades de iniciar sino hasta el año próximo.
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