El juzgado en lo Contencioso Administrativo de Dolores rechazó la medida cautelar presentada por el diputado provincial bonaerense d, Luciano Bugallo, para que se suspenda la contribución obligatoria que deben hacer los productores en
Castelli.
El encargado de rechazar el pedido del Diputado de Juntos por el Cambio fue el Juez Antonio Escobar, alegando que la interposición de dicha medida no reúne los requisitos de formalidad requeridos.
Y asimismo, el magistrado manifestó que “a lo que me permito agregar, con mayor razón lo será en la presente situación declarada de emergencia sanitaria y respecto a una tasa cuya finalidad expresada está llamada a atender los gastos necesarios para una mejor prestación del servicio de salud en un Hospital Municipal frente al eventual avance de personas infectadas con COVID-19 y que requiriesen internación y asistencia”.
“Ahora lo puede aplicar cualquier Intendente de Argentina porque tiene un fallo a favor. Cualquier intendente del país que necesita equipar el hospital, puede aplicar el tributo sin ningún problema”, destacó el intendente de Frente de Todos de Castelli Francisco Echarren, a Clarín Rural, tras el fallo del Juzgado de Dolores.
“Esto tiene efecto político y económico más allá de Castelli. Se dictó el primer antecedente judicial para que los que tienen mayor capacidad tributaria tengan que aportar. Así se construye un gran país.”, sostuvo Echarren agregando que ya tres intendentes bonaerense lo llamaron porque quieren implementarlo en sus distritos.
Cabe recordar que el Concejo Deliberante de la localidad bonaerense de Castelli había aprobado a principio de mes el el decreto lanzado por dicho Intendente para que los productores aporten de forma obligatoria a un fondo extraordinario por única vez con el fin de enfrentar al coronavirus.
La contribución alcanza a 539 productores y el valor varía entre medio ternero a dos terneros, esto es de $ 8.000 a un tope de $44.000.
El propósito es comprar insumos para el hospital local para estar preparados contra el avance del Covid-19 y afrontar gastos extraordinarios, no solo en salud, sino en seguridad y asistencia alimentaria.
Una de las entidades que había criticado la medida fue la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que había rechazado la nueva tasa y consideró “oportunista” la decisión del intendente. “Excede sus competencias, atribuciones y deberes, y recostado sobre esta pandemia que estamos atravesando todos los argentinos, impone una tasa para supuestamente enfrentar el covid-19”, advirtió la entidad.
La asociación de productores plantea que este tipo de actitudes están muy lejos de la solidaridad que llevan adelante tantas organizaciones intermedias de la sociedad civil recaudando materiales y equipamiento para hospitales y nosocomios imposibilitados de enfrentar esta pandemia, “justamente por la falta de inversión y previsión en material hospitalario de muchos de estos políticos de vuelo corto y rastrero”.
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