La Corte Suprema aprobó hoy la utilización de la firma digital en todos los fueros y la realización de acuerdos y tareas virtuales en el ámbito del Poder Judicial de la
Nación, en el marco de un proceso de digitalización de la Justicia, a la vez, que ordenó que toda compra no supere los precios máximos fijados por el Gobierno. La medida que ya se usaba en el fuero penal permitirá evitar la presentación física de escritos en papel que retrasaban la toma de decisiones e incluso, como en el fuero de la seguridad social donde los expedientes con los reclamos de los jubilados ponían en riesgo los edificios.
En una acordada, el máximo tribunal resolvió “aprobar el uso de la firma electrónica y digital en el ámbito de la Corte Suprema respecto de los diferentes actos jurisdiccionales y administrativos que suscriban los ministros y secretarios” del cuerpo.
Aclaró que en los casos de esa firma “no será necesario la utilización del soporte papel”, sino que los actos quedarán almacenados en “soporte electrónico”.
Además, se dispuso que “cuando no fuera posible el acuerdo presencial estos podrán realizarse por medios virtuales y remotos con la misma validez” que en condiciones normales.
El dispositivo se aplicará “solo en situaciones excepcionales o de emergencia”, como en el caso del actual aislamiento social obligatorio por el coronavirus, aclaró la Corte. Al respecto el tribunal sostuvo que ese sistema “no podrá reemplazar al acuerdo presencial semanal de ministros de la Corte en situaciones habituales”.
También dispuso que “mientras duren las razones de salud pública que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia de coronavirus”, el resto de los jueces y los tribunales nacionales podrán trabajar “por medios virtuales y o remotos”.
La Corte emitió una segunda acordada en la que establece los mecanismos y trámites necesarios para cumplir estas tareas en la actual emergencia y que fueron publicados en www.cij.gob.ar.
Las resoluciones fueron firmadas por los jueces Carlos Rosenkrantz (presidente y juez de feria), Elena Highton de Nolasco (vice) y Juan Carlos Maqueda.
Así todos los jueces nacionales del país pueden ahora trabajar íntegramente de modo remoto, aun si están aislados, en el marco de la emergencia sanitaria. Y los abogados y litigantes no tienen que concurrir personalmente a tribunales.
Además, las medidas implican “un avance notorio en la modernización del servicio de justicia en varios sentidos: aumentan la transparencia, permiten acortar los tiempos para tomar decisiones, disminuyen el uso de papel, lo que también tiene un impacto ecológico y edilicio”, destacó una fuente judicial.
Por otra parte, la Corte resolvió que las compras de bienes que realice se efectuarán con el criterio de precios máximos establecido hace una semana por el gobierno nacional, mientras se extienda la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. La decisión fue tomada a través de otra resolución la 558/20. El documento aclaró que, con ese propósito y aunque la misma “no es de aplicación” en el Poder Judicial, se adoptará la postura establecida en la Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación 472/2020, publicada en el Boletín Oficial el 7 de abril último.
Por otra parte, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Kirchner, solicitó hoy una declaración de “certeza de constitucionalidad” para resolver si el Congreso puede sesionar por videoconferencia, a raíz del aislamiento, y poder debatir así “el impuesto a los ricos” que impulsa el kirchnerismo. La encargada de hacer el trámite fue la directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta y abogada defensora del ex vicepresidente Amado Boudou, Graciana Peñafort.”La vicepresidenta solicita a la Corte una declaración de certeza de constitucionalidad, mediante la cual se expida acerca de si es legal una sesión on line en aquellas materias que no puedan ser reguladas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), como impuestos”, dice el pedido.
Los reglamentos de ambas Cámaras legislativas prohíben las sesiones no presenciales en el recinto parlamentario, por lo que cualquier votación mediante la utilización de medios virtuales correría el riesgo de ser declarada nula por la Justicia.
Además, una reforma reglamentaria debería ser votada de manera presencial por los dos tercios de los presentes en el recinto, algo que en la actual situación de distanciamiento social preventivo parecería difícil.
El requerimiento se elevó ante el máximo tribunal con la intención de que la Corte se expida y resuelva si es legal o ilegal sesionar de manera on line, mientras Cristina ha mantenido de hecho el Senado sin sesionar desde que empezó el aislamiento. En cambio, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, inició una serie de debate e informes de ministros en forma on line.
Si el pedido ingresa mañana, primero deberá la Corte decidir si la respuesta la da solo Rosenkrantz en su carácter de juez de feria o se realiza un acuerdo en forma virtual para contestar el pedido de la vicepresidenta. Según fuentes judiciales, sería varios los que quieren participar de esta decisión. La decisión tardará varios días, mientras que el Gobierno recién espera terminar el proyecto oficial de este nuevo impuesto el fin de semana.
La decisión no será fácil porque deberá debatirse sobre si la Corte puede intervenir directamente o el pedido debería hacer en un juzgado de instrucción y de allí intentar un per saltum para que llegue directamente al máximo tribunal, como hizo el ex presidente Carlos Menem para conseguir el aval a la privatización de Aerolíneas Argentinas, entre otras cuestiones.
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