Una nueva denuncia por compras con irregularidades presentó la abogada experta en temas de corrupción Silvina Martínez que trabajó en la IJG y junto a Margarita Stolbizer. Se trata de adquisiciones
realizadas desde el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Sabina Frederic y otros funcionarios que “podrían ser acusados por por malversación de fondos públicos, incumplimiento de sus deberes y fraude a la administración”.
La compra directa que figura en la página oficial comprar.gob.ar detalla que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se adquirió 2400 kit de seguridad a una monotributista sin capacidad tributaria para tal operación.
La operación fue realizada el 13 de marzo mediante “compra directa por compulsa abreviada de emergencia”. Así se dispuso la adquisición de insumos de protección sanitaria en plena pandemia de coronavirus. El documento oficial señala que cada kit de seguridad está compuesto por: un camisolín descartable; un par de botas cubre calzado descartable; una cofia descartable; dos pares de guantes de examinación descartables tamaño mediano y un barbijo de tela descartable.
Según Martínez “el Ministerio resolvió aumentar el valor del monto de la contratación un 20% luego de recibidas las ofertas para poder contratar a un proveedor de tan solo 20 años de edad”.
La abogada remarcó que “en esta compulsa se cursaron invitaciones a 3 oferentes: María Sol Revah, monotributista de tan solo 20 años, inscripta en la categoría B cuyo monto máximo de ingresos por facturación no supera los 300.000 pesos al año. Ella resultó ser la adjudicada en la compra directa por un monto de $ 1.016.640 y que excede la capacidad tributaria de la categoría en la cual estaba inscripta”.
Las otras dos empresas también presentan particularidades. Por una lado la empresa MILLOTE SA, empresa creada días antes de la contratación y con alta en AFIP en el mismo mes de marzo. La otra oferente es una empresa que se dedica a la venta de automóviles de acuerdo a su constancia de inscripción en AFIP.
El tema de los sobreprecios en adquisiciones de productos para el coronavirus le trajo dolores de cabeza al Gobierno. Primero aparecieron los sobreprecios en compras de comida como fideos, aceites y harinas del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo. Por el escándalo desplazaron a 15 funcionarios del área de compras, frenaron pagos y ahora el Gobierno negocia directo con los productores de comida sin intermediarios.
También aparecieron sobreprecios en la compra de alcohol en gel en el PAMI. En ambos casos, tanto Arroyo como Luana Volnovich, titular del PAMI, dijeron era un problema de los proveedores que fijaban los precios y se cartelizaban.
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