Mientras
de ellos (cfr. Legajos TO 2/ 37 y TO 2/16, respectivamente).”>Lázaro Báez continúa reclamando la prisión domiciliaria por ser un preso de riesgo ante el coronavirus dentro del Penal de Ezeiza, la Justicia aceptó darle al Ejército Argentino un conjunto de bienes de su firma Austral Construcciones en Río Gallegos, para ser utilizados en la lucha contra el COVID-19. Se trata de la empresa que, según la acusación judicial, fue favorecida ilegalmente por Cristina Kirchner con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Es el juicio por corrupción que comparten, ahora interrumpido por la cuarentena.
Un inmenso predio ubicado en la ruta 3 en el acceso principal a Río Gallegos, valuado en 151,7 millones de pesos, es donde reposan cientos de máquinas, camionetas y vehículos con el logo de Austral Construcciones, la firma insignia y más sospechada de Lázaro Báez, que quebró hace un año y medio. Sus instalaciones están en total desuso, con un fuerte deterioro del parque automotor y el desmantelamiento de muchos vehículos.
Fue símbolo de una época. Durante doce años, Austral tuvo como único cliente al Estado nacional. Fue constituida sólo doce días antes que Néstor Kirchner asumiera como presidente de la Nación, en mayo de 2003. Desde entonces, el camino recorrido por la primera empresa que tuvo Lázaro Báez fue rutilante: se convirtió, según la Justicia, en la principal adjudicataria de obra pública vial en Santa Cruz.
Durante los gobiernos de los Kirchner, Austral recibió 51 contratos por 46.000 millones de pesos, licitaciones que según la justicia estuvieron plagadas de irregularidades. Además, en otro expediente, la Justicia determinó que la firma se usó para lavar 60 millones de dólares en tres años.
Investigada por lavado de dinero, facturación apócrifa, evasión tributaria, y defraudación, la constructora quedó inactiva desde que Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada en 2015, y tras la decisión del gobierno de Mauricio Macri de rescindirle los últimos 24 contratos viales que le quedaban, Austral ya no pudo presentarse a nuevas licitaciones y las investigaciones judiciales la dejaron sin margen operativo: el juez Sebastián Casanello le trabó un embargo de 600 millones de dólares en la causa por lavado de dinero.
Después del reclamo de uno de los más de veinte acreedores de Austral, la jueza Gigy Traynor decretó su quiebra, en junio de 2018.
Ahora, en el marco de la emergencia sanitaria, el Ejército solicitó al Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) -que juzga por lavado de dinero al contratista K- que se le permita acceder a un conjunto de bienes que están en el predio de Austral en el acceso a Río Gallegos.
Ese punteo de cosas, según el documento al que accedió Clarín, detalla: 17 contenedores para “cocina, ducha, alojamiento en el estado en que se hallen; un Sampi de 2008, el cual será utilizado para mover los contenedores tanto del predio donde se encuentran como posteriormente dentro del cuartel”.
También requirieron 300 equipos de protección individual “descartables compuestos con máscaras, guantes de goma, traje de tela, traje impermeable y anteojos, para ser utilizados por todo el personal de sanidad de la Fuerza y los profesionales que la misma Provincia trasladará hasta el Hospital Militar”.
La lista de bienes propiedad de la constructora de Báez, también incluye cincuenta chapas “para la reparación parcial que podrá realizarse sobe los techos y laterales de los contenedores; 20 camillas de madera para transporte de personas, una camilla de hierro fija para atención de pacientes”. También piden 14 módulos habitacionales, algunos de los cuales ya fueron entregados a la Gendarmería ya la Fuerza Aérea.
Todo fue especificado por el Ejército con fotografías de los elementos requeridos “en el contexto de la emergencia sanitaria”. Si bien la posición de la fiscalía en oportunidades anteriores fue conservadora en relación a la entrega de bienes que pudiera dificultar la tarea de los síndicos de la quiebra de la empresa, las autoridades señalaron que nos encontramos en una “situación excepcional que merece un análisis distinto”.
Se argumentó en el pedido que ante “la utilidad pública que podría reportar la entrega de los elementos solicitados frente a la nula actividad que podría efectuarse en el proceso de loteo y remate, el Fiscal no se opuso a la concesión de los bienes en favor del Ejército Argentino, en calidad de depositario judicial, con los recaudos habitualmente impuestos a quienes asumen tal carácter”.
La figura del “depositario judicial” responde a que aún esos bienes no están decomisados, ya que todavía no se dictó sentencia sobre Lázaro Báez. Pero bajo esta determinación, el Ejército es responsable por los bienes que deberá resguardar “conservando su naturaleza”.
El TOF 4 entendió que debía resolver rápida y favorablemente el requerimiento, frente a la pandemia del coronavirus y por “la utilidad pública que habrá de darse a los bienes según lo informado por el peticionante”. Entonces resolvió adoptar “una decisión excepcional y provisoria al solo efecto de dar respuesta inmediata al pedido del Ejército Argentino”.
La de Austral Construcciones es una historia en la Justicia que aún no concluyó. En el marco de la quiebra se le dio viabilidad a diferentes subastas de varias propiedades de la empresa. Todos los remates estuvieron a cargo de la Dirección de Subastas Judiciales que depende de la Corte Suprema de Justicia. Se remataron 24 departamentos ubicados en Coghlan, se vendieron la totalidad de los inmuebles por encima de su valor base que se había fijado en 73.000 dólares 99.000, 120.000 y 130.000 dólares como máximo.
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