Diputados nacionales del interbloque de Juntos por el Cambio solicitaron hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncie sobre las declaraciones que realizó la ministra de Seguridad Sabina
Frederic, sobre el “cyberpatrullaje” que realizan las fuerzas de seguridad en las redes sociales para medir el “humor social” de los argentinos en la cuarentena. Mientras, la ministra se comprometió a elaborar un protocolo de control para regular y controlar esa actividad de los policías en las redes sociales.
En una carta enviada a Edison Lanza, titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, los diputados de la oposición elevaron un pedido de informes al gobierno nacional y aún esperan una respuesta.
El pedido se produce luego de que la semana pasada la ministra confirmara que las fuerzas de seguridad realizan ciberpatrullaje para medir el “humor social” y controlar delitos como convocatorias a saqueos o acoso sexual, entre otros. Las fuerzas de seguridad realizan ciberpatrullaje desde la gestión de Patricia Bullrich para prevenir delitos como el terrorismo o el narcotráfico, pero Frederic habló del control del “humor social” aunque después dijo que se expresión no había sido correcta.
En la nota los diputados destacaron que “lo preocupante de esta afirmación (la que confirma que todas las fuerzas realizan cyberpatrullajes) -y sus consecuentes acciones- es que, en forma clara y directa, expresa la vocación del Poder Ejecutivo Nacional por auscultar las opiniones de ciudadanas y ciudadanos, con el potencial efecto de censura previa que esto puede provocar”.
Por otro lado, afirmaron que “estos acontecimientos recientes tensionan el principio de Libertad de Expresión al cual la Argentina se ha obligado a respetar en tanto Estado parte del Pacto de San José de Costa Rica, más aún considerando que este tratado de derechos humanos tiene rango constitucional en el territorio nacional desde el año 1994”.
También, agregaron que las afirmaciones de la ministra Frederic constituyen “una violación a la Ley de Inteligencia Nacional y a la Declaración de Chapultepec, como así también a documentos emitidos por la CIDH”.
La carta lleva las firmas de las autoridades de las comisiones de Comunicaciones e Informática, Karina Banfi;Libertad de Expresión, Waldo Wolff ; Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna; y Seguridad Interior, Álvaro de Lamadrid.
Por su parte, Frederic, se reunió recientemente con el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, y coincidieron en que las acciones de ciberpatrullaje “se inscriban dentro de las directrices del sistema interamericano de derechos humanos”.
El ministerio de Seguridad informó en un comunicado que en la reunión se acordó la elaboración de un protocolo que “regule y establezca los límites de la actividad y defina un procedimiento para su ejercicio”.
La Defensoría del Pueblo formará parte del equipo que trabajará sobre ese protocolo y el ministerio sostuvo que ese procedimiento será el marco de referencia para las fuerzas de seguridad nacional hasta tanto se elabore y presente un proyecto de ley para ser tratado por el Congreso Nacional.
El organismo a cargo de Amor, en ese sentido, entregó un documento con aportes que buscan “resguardar los derechos fundamentales de la población frente a la ejecución del sistema”, sostuvo el parte de prensa.
“El encuentro arrojó como conclusión, acordado por ambas instituciones, que el ciberpatrullaje utilizado en el marco del respeto integral a los Derechos Humanos, especialmente a lo que hace a la libertad de expresión y la privacidad, es una herramienta que legítimamente puede utilizar todo Estado democrático con el fin de mantener la seguridad de la población y prevenir hechos delictivos”, expresó el informe de la reunión.
Ambos organismos coincidieron en que las acciones de ciberpatrullaje “se inscriban dentro de las directrices del sistema interamericano de derechos humanos”.
En la reunión también participó María Julia Giorgelli, subcoordinadora del Centro de Protección de Datos de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.
Además estuvieron, por el ministerio de Seguridad, Eduardo Villalba, secretario de Seguridad y Política Criminal; Cecilia Rodríguez, jefa de Gabinete; Valentina Novick, subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial; Iván Poczynok, director nacional de Inteligencia Criminal y Gerardo Halpern, director de Comunicación Institucional.
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