Un informe de la consultora Ecolatina alerta que uno “de los efectos económicos inmediatos del coronavirus en el mundo es la destrucción de puestos de trabajo como resultado del
‘parate’ infligido en la actividad económica para reducir los contagios. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las medidas de aislamiento ya afectan a 8 de cada 10 trabajadores en el mundo debido a que impiden el normal desarrollo de muchos rubros, limitan el traslado a los puestos de trabajo y reducen de forma significativa la demanda interna”.
En su informe, la consultora señala que “por su magnitud, el caso más ilustrativo del impacto de la pandemia en el mercado de trabajo es el de Estados Unidos. Se registraron más de 20 millones de solicitudes (casi el 15% de la fuerza laboral) para cobrar el seguro de desempleo y algunos analistas sugieren que la desocupación podría alcanzar 20% en abril”.
Luego, el análisis de Ecolatina se detiene en mercado laboral local y lo compara con el de EE.UU. El de Argentina -dice el informe- “es mucho más rígido. El mayor costo por contratar formalmente un trabajador desalienta el aumento del empleo en el auge pero brinda una mayor protección en los momentos de crisis. Sin embargo, esto resulta cierto solo para la mitad de los trabajadores: los asalariados formales públicos (3 millones) y privados (6 millones). Los primeros poseen una elevada estabilidad y en el contexto actual, las dificultades solo podrían llegar con una rebaja temporal de sus sueldos, especialmente en el ámbito subnacional, ya que los ingresos fiscales de las provincias y municipios se están desplomando”.
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“El mundo de los asalariados privados registrados es más heterogéneo, hay productores de bienes y proveedores de servicios (33% y 66%, respectivamente), a la vez que dos tercios del total trabajan en PyME´s. Por este motivo, el efecto de la pandemia en estos trabajadores dependerá del sector en el que se desempeñen y de la capacidad financiera de la empresa para solventar, en una economía ya recesiva, algunas semanas con pocos o nulos ingresos”.
“Sin embargo, en reiteradas ocasiones, el Gobierno hizo hincapié en priorizar la preservación del empleo: a comienzos de año se implementó la doble indemnización (en principio por seis meses) y luego se prohibieron los despidos por dos meses (abril y mayo). Pero las empresas cuyos ingresos se vieron desplomados por la cuarentena no pueden cubrir los gastos fijos por muchas semanas: si no se les reduce la carga salarial corren el riesgo de quebrar generando pérdida de empleos (lo que inicialmente se quería proteger) y además capital organizacional”, advierte Ecolatina.
“La otra cara está compuesta por casi 5 millones de asalariados informales y más de 4 millones de cuentapropistas, de los cuales alrededor del 60% se encuentra registrado. La precariedad de gran parte de estos trabajadores los pone como la parte flexible del mercado laboral y quienes más sufren la crisis: sus empleadores no logran recibir ayuda del gobierno y el eventual desempleo los encuentra sin un seguro al que recurrir”.
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