Después de que el 10% de los presos de riesgo -calificados así en el marco de la pandemia del coronavirus- y detenidos en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) obtuvieran el arresto
domiciliario, Ricardo Jaime inició una huelga de hambre la semana pasada, reclamando que los jueces le den el mismo beneficio. La Justicia rechazó concedérsela mientras cumple su condena por la Tragedia de Once. Pero ahora, el Gobierno pidió a través de la Secretaría de Derechos Humanos la morigeración de su detención por la pandemia de coronavirus. Es la primera vez que el Gobierno pide por la libertad de un preso K.
La solicitud se hizo a través de la Secretaría de Derechos Humanos y en su rol de “Amicus Curiae”. La nota está firmada por Horacio Pietragalla Corti y por el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la cartera, Mariano Przybylski.
“Esta Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuenta con un interés legítimo en que se le otorgue la prisión domiciliaria al Sr. Ricardo Raúl Jaime”, arranca el documento y sigue en la misma línea. “Toda vez que en caso de que persista su detención intramuros, el Estado argentino podría ser responsable internacionalmente por la violación de las obligaciones asumidas relativas a la libertad de las personas, a su integridad psicofísica, la salud y la prisión humanitaria de las personas privadas de su libertad”, sostiene el escrito.
En otra parte del escrito, Pietragalla Corti hace mención a la supuesta fragilidad de salud de Jaime y la vincula con la pandemia de coronavirus. “Nótese que, según los exámenes médicos que se le realizaron al imputado, y el actual contexto de la pandemia del Covid-19, la salud del imputado se encuentra en estado crítico y agravándose constantemente por sus condiciones de detención”, dice el funcionario.
Pietragalla Corti argumenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre “las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria en la región, que incluye precarias condiciones de salubridad e higiene” y dice que todo esto puede significar “un mayor riesgo ante el avance del COVID-19, en particular para aquellas personas que conforman grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, diabéticas, hipertensas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, con enfermedades autoinmunes,insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica, entre otros, nótese que todas las patologías de riesgo a las que alude la CIDH son las que sufre el Sr. Ricardo Jaime”.
La secretaría de Derechos Humanos depende del Ministerio de Justicia, que dirige Marcela Losardo y que tiene a su cargo el Servicio Penitenciario Federal, que es cuestionado por Pietragalla.
Una de las partes más llamativas es cuando hacen mención al caso de Milagro Sala, presa con domiciliaria por varias causas de corrupción y violencia, para justificar la domiciliaria de Jaime. Pietragalla Corti recuerda que “la Argentina ya fue advertida por el sistema de protección de los derechos humanos” por no haberle dado en su momento la domiciliaria a la líder de la Tupac Amaru. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) tuvo que intervenir mediante el dictado de una medida cautelar”, advierte.
La defensa del Gobierno a la domiciliaria de Jaime es por demás llamativa. Hasta ahora, ni siquiera era considera un “preso político”, la mote que usaba el kirchnerismo duro para defender a Luis D’Elía, Amado Boudou y Milagro Sala.
De hecho, a pesar de que Boudou y D’Elía hace poco recibieron el beneficio de la domiciliaria, el Gobierno nunca había intercedido oficialmente ante la Justicia para solicitar ese beneficio. Ahora lo hacen con Jaime, uno de los ex funcionarios con más expedientes de corrupción en su contra y con varias condenas en sus espaldas.
Los pedidos reiterados del ex funcionario K, se centran en la discusión sobre quiénes son considerados presos de riesgo en el marco de la pandemia. Jaime argumenta que si permanece en el Penal de Ezeiza corre mayor riesgo que otros internos, porque tiene 65 años y un cuadro de hipertensión arterial.
Cuando el Tribunal negó su salida del Penitenciario, sugirió a las autoridades que extremen los controles médicos sobre el ex Secretario de Transporte.
Previo a la cuarentena total, Jaime ya había sugerido que tuvo un intento de suicidio para exigir su salida de la cárcel. Un planteo que también fue desestimado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), que lo condenó por la Tragedia de Once. Desde entonces, los informes médicos periódicos sobre su salud y situación psicológica y mental son enviados a los jueces.
En el marco de la cuarentena total por el COVID19, la Casación sugirió que se “adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder”.
Jaime se plegó al reclamo. La Cámara de Casación rechazó hace una semana concederle la morigeración de su detención. El ex funcionario se encuentra detenido por enriquecimiento ilícito desde abril de 2016, pero en el transcurso fue condenado por la tragedia de Once, con confirmación de la Casación. Debe afrontar ocho años de prisión por el delito de administración fraudulenta, dádivas y sustracción de documentos. Además, Jaime es el único funcionario que admitió haber recibido coimas para morigerar una pena.
Jaime además cuenta con prisión preventiva en la investigación por la compra de trenes chatarra a España y Portugal entre 2004 y 2012.
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