Los rumores eran cada vez más fuertes: se hablaba de presos contagiados y alojados en celdas de aislamiento de la Unidad 9 de La Plata, de internos que fallecieron por COVID-19
en las unidades de Magdalena y Sierra Chica, de otros casos en Olmos. Pero recién este domingo, pasadas las 16, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) confirmó el primer caso de un detenido con coronavirus en el país.
Se trata de Julián Arakaki, de 49 años, alojado en la Unidad 23 de Florencio Varela y condenado a perpetua por matar a su hija de 8 años, en venganza contra su ex pareja.
“Quedó internado en el Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón de Avellaneda”, agregó el comunicado de prensa del SPB. “Es un privado de libertad que padece una enfermedad renal crónica y necesita tres diálisis semanales, que se aplica los días lunes, miércoles y viernes en el nosocomio citado”, añadió.
El viernes, en una de las visitas semanales al hospital, uno de los médicos advirtió que Arakaki tenía fiebre. Le hicieron el test con un doble hisopado: orofaríngeo y nasofaríngeo.
El certificado médico que confirma el primer caso de un preso con coronavirus en la Argentina.
El resultado se conoció en las últimas horas y a partir de allí se consideró aislar a los cuatro internos que compartían el Sector de Sanidad junto al paciente. Lo mismo se hizo con el preso que se encargaba de la limpieza del lugar. Y con 10 agentes penitenciarios. Los trasladaron de la Unidad 23 a la 42.
Los referentes de distintas unidades bonaerenses, que ya barajaban la posibilidad de comenzar una huelga de hambre en las próximas horas contra el sistema penal, le enviaron a Clarín la historia clínica del paciente y un audio del jefe de la Unidad 23, ubicada dentro del Complejo Carcelario de Florencio Varela, donde también se encuentra la Unidad 42.
“Es cierto. Es un paciente dializado que sale tres veces por semana”, detalla el director del Penal. “La guardia ya está al tanto. Hemos tomado conocimiento y están aislados los nueve oficiales que lo llevaron al hospital. Se les ha explicado siempre cómo llevar al interno (…). No nos alarmemos, no nos desesperemos, no salgamos corriendo. Va a llegar a todos, lamentablemente“, añade.
Y completa: “El tema es que tenemos que tomar conciencia (…). No tomemos mates, no andemos a los besos y tomemos conciencia de que el virus va a llegar. Lo importante es estar preparado y con todas las medidas de precaución y prevención. El interno está compensado”.
Según pudo saber Clarín, Arakaki cumple una condena a prisión perpetua. El Tribunal Penal 4 de San Martín lo condenó en 2015 por resultar autor penalmente responsable del delito de “homicidio calificado por el vínculo“.
En 2012, asfixió y asesinó a su hija de 8 años. Los investigadores aseguran que se trató de una venganza contra su ex pareja, la mamá de la niña, de quien acababa de separarse. Arakaki había pasado a buscar a su hija por la casa de su ex mujer. Luego, en remís, la llevó de regreso. La entregó sin vida.
“Acá hay mucho miedo y mucha incoherencia. El SPB está ocultando muchas cosas que la sociedad no sabe. Los mismos penitenciarios están en desacuerdo. Pero los jerarcas no los dejan hablar ”, dice a Clarín uno de los referentes de los internos.
Asimismo, señala: “Ellos también están preocupados por la situación. Las familias lloran, se desesperan. Estamos en un proceso de resignación. Pero creo que puede desatarse algo muy grande. Lo que sentimos es la desesperación de sentir que nos vamos a morir ”.
En las próximas horas los internos de algunas unidades bonaerenses definirán si comienzan o no una huelga de hambre. Aclaran que “la medida no es contra el SPB, sino contra el sistema penal”, que no acata la recomendación de la Cámara de Casación, de beneficiar con arresto domiciliario a embarazadas y mujeres con hijos e internos mayores de 60 años, o con enfermedades, o condenados por delitos no graves.
Este domingo también se conoció el tercer caso de un penitenciario bonaerense contagiado, en la alcaidía 3 de Melchor Romero, donde están alojados los ocho imputados por el homicidio de Fernando Báez Sosa (18), ocurrido en enero pasado en la puerta del boliche Le Brique, de Villa Gesell.
Se trata de un suboficial mayor, de 46 años, que cumple funciones en esa institución carcelaria ubicada a 20 kilómetros del centro de La Plata, y permanece internado en el Hospital Italiano de la capital provincial.
El agente infectado en Romero es escribiente en el área de vigilancia, sin contacto con presos y, desde que presentó síntomas, el miércoles último, los 15 compañeros de la guardia fueron puestos en cuarentena, bajo el protocolo de aislamiento en sus domicilios por prevención, dijeron fuentes del SPB a Clarín.
La sospecha de las autoridades penitenciarias es que el suboficial se habría contagiado de su pareja, quien es enfermera del hospital Gutiérrez de La Plata.
Los dos casos anteriores de guardias del SPB que dieron positivo de COVID-19 habían sido los siguientes: un suboficial ayudante de la Unidad 21 de Campana y una cabo primero de la Unidad 22 de Lisandro Olmos. Ninguno de los dos, de acuerdo a los voceros, tenía contacto con detenidos.
EMJ
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