El presidente Alberto Fernández convocó de urgencia este lunes por la tarde a la Quinta de Olivos al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, para pedirle explicaciones por los pedidos
que hizo su cartera ante la Justicia para beneficiar con prisión domiciliaria a Ricardo Jaime y con excarcelación a Martín Báez.
Según fuentes oficiales, la reunión fue breve y hubo reproches del Presidente por, supuestamente, no haber informado antes de la presentación.
En el Gobierno buscaron despegarse de la movida de Pietragalla Corti y aseguraron que las presentaciones del funcionario no contaban con el aval del Presidente. Tampoco de la ministra de Justicia, Marcela Losardo de quien depende, según el organigrama oficial, la secretaría de Derechos Humanos. “Nos enteramos cuando se publicó en los medios”, dijeron desde Justicia a Clarín.
Tras la reunión en Olivos, el funcionario se comprometió a dar explicaciones públicas sobre su iniciativa a través de un comunicado. En el encuentro, el Presidente le pidió su versión de los hechos. Según reconstruyó Clarín, Pietragalla le dijo que la secretaría de Derechos Humanos solo podía presentarse a pedir un beneficio para un detenido cuando una de las partes lo solicita. En el caso de Jaime, la defensa del ex secretario de Transporte, preso por la Tragedia de Once, había presentado un escrito en la cartera de Pietragalla Corti con un informe del médico del ex funcionario. Allí, aseguraba que Jaime era hipertenso, asmático y sufría de broncoespasmo y que por eso debía cumplir la condena en su hogar.
Fuentes del Gobierno aseguraron a Clarín que el Presidente se molestó con Pietragalla por no haberse enterado previamente del accionar de la Secretaría de Derechos Humanos en ambos casos, aunque avaló la forma de proceder.
Explicaron que la Secretaría de Derechos Humanos es la autoridad de aplicación de los tratados y convenios de derechos humanos que, entre otras cuestiones, sostiene que los Estados deben preservar la salud de todos los detenidos. Y lo que hace la Secretaría es controlar el cumplimiento por parte del estado argentino.
En las presentaciones para pedir beneficios para Báez y Jaime, Pietragalla argumentó que el país podía ser plausible de sanciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que según su visión no tenían condena firme. Y en el caso de Jaime llegó a compararlo con la situación de Milagro Sala. El ex secretario está condenado a 8 años de prisión por la Tragedia de Once donde tiene una confirmación de Cámara. Pero cumplirá 10 años preso porque le unificaron las penas de otras condenas. En una de ellas, Jaime aceptó haber recibido dádivas.
Eso mismo fue lo que explicó en un comunicado tras la reunión la secretaría de Derechos Humanos. “Su defensa acudió al organismo”, dijeron y agregaron. “La misma alegó un delicado estado de salud de la persona detenida, agravada por su edad, y la irrupción de la pandemia del COVID-19. En ese sentido, y teniendo especialmente en cuenta las recomendaciones notificadas frente al brote de coronavirus por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Argentino, acerca de la conveniencia de otorgar prisiones domiciliarias a las personas en grupos de riesgo, sumado a que el Sr. Jaime no cuenta con una condena firme en su contra y comprobado su estado de salud, es que se propició, a través del amicus curiae, el pedido de prisión domiciliaria”.
Y cerraron: “En ningún momento emitió opinión acerca de la culpabilidad o inocencia del Sr. Jaime, sino que simplemente se pronunció acerca de su derecho a la prisión domiciliaria”.
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