Coronavirus en Argentina: allanaron un country porque obligaban a los trabajadores a incumplir el aislamiento

incumpliendo el decreto presidencial del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus abrían oficinas administrativas y distintos servicios del barrio cerrado.

Ya habían sido advertidos pero no las cerraron, ahora hay una investigación judicial por la infracción.

Los policías secuestraron documentación para establecer quién daba las órdenes para que los empleados fueran a trabajar. Fuentes del caso confirmaron a Clarín que las actividades se mantuvieron durante todo el mes de aislamiento, con turnos de lunes a viernes en horario de oficina y guardias los fines de semana.

Las tareas administrativas de consorcios no están incluidas dentro de las tareas exceptuadas del decreto presidencial que busca limitar la circulación y evitar la propagación del COVID-19.

Los vecinos ya habían elevado el reclamo, incluso los policías habían visitado el barrio cerrado para desalentar el incumplimiento, pero ante la permanente actividad en el lugar, la fiscalía federal de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, solicitó al juez Federico Villena, una orden de allanamiento para secuestrar material de interés para la causa.

En el predio encontraron a una empleada cumpliendo sus funciones que se trasladaba para atender la oficina.

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Serían cuatro las trabajadoras afectadas y analizan si no hay otras áreas bajo mando de la administración en la misma situación.

Fuentes de la investigación confirmaron a Clarín que analizarán los teléfonos celulares secuestrados y distinta documentación para “establecer quiénes daban las órdenes y bajo qué pretexto ordenaban a los empleados a incumplir el aislamiento y, si tenían permisos, quién los entregaba porque no están dentro de las actividades consideradas esenciales”.

Es que, según confirmaron a Clarín, además encontraron más de “30 permisos dentro de las oficinas” que serán peritados para establecer si son falsos o si fueron entregados por algún organismo incumpliendo con la normativa vigente. 

El código penal establece penas de seis meses a dos años, para quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Detrás de la administración del consorcio de El Venado Country Club estaría el abogado penalista Carlo Broitman, que defendió a Ibar Pérez Corradi, el empresario condenado por lavado de dinero. También habría estado vinculado a los hermanos Juliá, y el financista Guillermo Greppi, entre otros.