Después de doce días de investigación preliminar, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, realizó la denuncia penal por los delitos de fraude a la
administración pública, abuso de autoridad y eventual negociaciones incompatibles con la función pública. Se pidió que se investiguen las compras en las que se presume se iban a pagar sobreprecios en la compra de alimentos desde el ministerio de Desarrollo Social. La suma comprometida rondaba los $ 547 millones y derivó en la renuncia de quince funcionarios que intervinieron en las resoluciones ministeriales.
“Se entiende que nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”, sostiene la denuncia de 111 páginas a la que accedió Clarín.
El fiscal Sergio Rodríguez pidió además, la habilitación de la feria judicial para dar inicio en la justicia federal al caso, “en mérito de la gravedad institucional de los hechos aquí denunciados, su impacto social, la necesidad de realizar medidas de pruebas de carácter urgente y la posibilidad que los mismos puedan seguir causando efectos más allá de la suspensión dispuesta” por resolución del Ministerio de Desarrollo Social.
La denuncia penal alcanza no sólo a la cartera que dirige Daniel Arroyo sino también a las empresas que participaron de la licitación ya que para la PIA “se han verificado irregularidades que a todas luces resultan ser suficientes para dar inicio a un proceso penal” y se destacó que se habría usado “un esquema de concurrencia simulado en la invitación de distintas empresas pero que en realidad pertenecían a los mismos grupos económico, concentrando de ésta forma las adjudicaciones. Todos los oferentes invitados fueron adjudicados”.
La PIA concluyó que esta maniobra ,”no solo afecta a los principios legales de las contrataciones del Estado” sino que “atenta contra la posibilidad de obtener un precio justo por los bienes que se pretendían adquirir en este caso motivados en la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del virus COVID -19”.
La investigación se abrió en la PIA después de la denuncia que formuló la abogada Silvina Martínez. En ella, señaló que el 19 de marzo, a través de la Disposición 48/2020, se aprobó un procedimiento para agilizar la implementación de selección para la contratación de bienes y servicios en el marco de la emergencia. Se autorizó así, la contratación directa de bienes, servicios o equipamiento necesarios. Por esas compras de aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas se pagó un total de 574,5 millones de pesos.
Las adjudicaciones cuestionadas generaron para la PIA “un beneficio a las empresas adjudicadas, sino a su vez se habría identificado una ganancia superlativa al aplicarse al caso del 97 aceite comestible y el azúcar un sobreprecio que supera prácticamente el 62%”.
Para el fiscal, el Ministerio de Desarrollo Social, “permitió favorecer a determinados intermediarios, adjudicándose productos a precios inflados, con el consecuente perjuicio al erario público”.
Algunos ejemplos citados por el fiscal que tomó declaraciones testimoniales a productores de alimentos. La comparación resulta ser más llamativa cuando se tiene en cuenta que el programa del Gobierno Nacional de precios máximos estipula que el aceite ideal no podría ser comercializado a más de $ 98 pesos.
“Es aquí, donde claramente se advierte la posibilidad de haberse adjudicado a las tres firmas mencionadas con un valor holgadamente por encima al de mercado”, indicó la PIA y explicó: ” Los productores venden a los intermediarios el aceite marca Ideal a $ 83,40, marca Casaliva a $ 82.28 y marca Indigo entre $ 95 y $96. Precios finales con impuestos incluidos”.
Sin embargo, el Estado “adjudicó esas mismas marcas en las sumas de $ 157,80, $ 158,67 y $ 166,58, en las mismas condiciones de cantidades, plazo de pago y lugares de entrega”. Así, la diferencia llega al 100% en alguno de los casos. Tal cuestión no supera ningún razonamiento de sentido común”.
“Números suficientes a la hora de contemplar la posibilidad de un sobreprecio”, sostiene la denuncia penal, se ejemplificó con otro rubro. La empresa Copacabana S.A. fue adjudicada en una compra19 del propio Ministerio por 480.000 kilos de azúcar marca “La 18 muñeca”, “idéntico producto que en el hecho aquí denunciado- pero en esa ocasión a un valor de $57,17 la unidad”.
Es decir, que no sólo el Ministerio “conocía el valor real del producto, sino que la empresa oferente tenía plena conciencia del abultado monto por el cual había ofertado”.
Así es que el productor de la marca de azúcar La Muñeca, vende a los intermediarios el paquete de 1 Kg a $46.58, “mientras que el Estado adjudicó esa misma marca a $ 74,97 y a $ 75,20 en las mismas condiciones de cantidades y plazo de pago. Impactante”, sostuvo Rodríguez.
En tanto, Desarrollo Social se tomó diez días parai niciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades sobre la operación que fue denunciada por el fiscal Rodríguez. La investigación en la cartera que dirige Daniel Arroyo se inició tras una orden de la PIA que además, se constituyó como acusadora. La situación devino en la renuncia de quince funcionarios que habrían participado del circuito administrativo.
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