Una serie de graves incidentes se registraban este miércoles por la mañana en un sector de la Unidad 23 de Florencio Varela. Los presos insisten en el pedido de medidas de seguridad
e higiene por el avance de la pandemia de coronavirus y, especialmente, obtener de parte de la Justicia beneficios tales como liberaciones o prisiones domiciliarias.
La situación es de extrema complejidad, y no solo en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ya que en otros penales se sucedieron motines y hasta se registraron muertos, como ocurrió en Corrientes.
Al mismo tiempo, los senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para que el Ejecutivo provincial informe sobre conflictos sucedidos en las cárceles de Melchor Romero, San Martín, Ituzaingó, Florencio Varela y la Unidad N° 33 de mujeres en Los Hornos.
La solicitud se da luego de que 341 presos alojados en los complejos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires iniciaran una huelga de hambre para reclamar al Poder Judicial que les otorgue excarcelaciones o arrestos domiciliarios en el marco de la pandemia de coronavirus.
La protesta la llevan adelante 86 internos del pabellón 9 de la Unidad 48 San Martín; 25 del pabellón 11 de la Unidad 31 Florencio Varela; 42 del área de régimen abierto de la Unidad 39 Ituzaingó; y 26 del pabellón 3 de la Unidad 27 Sierra Chica.
También lo hacen 22 internas del pabellón 5 de la Unidad 33 en Los Hornos y 140 detenidos de la Unidad 12 de la localidad platense de Gorina.
En ese sentido, los legisladores Gabino Tapia, Walter Lanaro y Felicitas Beccar Varela requirieron mediante una propuesta al Ministerio de Justicia y al de Seguridad “que aclaren los motivos por los cuales se han generado los conflictos”.
También, pidieron que precisen “si se tomarán medidas de prisión domiciliaria, y a quiénes, identificando delito y pena recaída o en expectativa, de corresponder”.
“Desde el Senado provincial queremos saber de forma urgente qué sucedió en las unidades carcelarias y la resolución que implementarán de los conflictos y su protocolo de actuación”, sostuvieron los parlamentarios en un comunicado.
Los senadores agregaron que “es imperioso garantizar los derechos de los detenidos, así como del personal penitenciario que se encuentran trabajando en dichas unidades”.
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