Coronavirus en la Argentina: del lujo narco a la lucha contra la pandemia

se llevó puesta a la burocracia judicial. Sobre todo al momento de disponer de bienes secuestrados en causas penales, principalmente las relacionadas con casos de narcotráfico​.

En sólo un mes -del 20 de marzo al 21 de abril- departamentos, casas, hoteles, autos, miles de dólares y millones de pesos, producto de la venta de drogas, fueron destinados a hospitales, municipios o gobiernos provinciales para reforzar su sistema de salud.

Dos hoteles ubicados en la ciudad de Salta que habían pertenecido al Clan Loza y sufrían permanentes intrusiones por estar abandonados; dos casas usadas por bandas de narcomenudeo en San Vicente y Esteban Echeverría; medio millón de dólares que en 2008 un oscuro portavalores de una empresa de aviación boliviana intentó sacar del país y luego nadie reclamó; 34 autos de un total de 300 inventariados en 2013 a narcos de Mar del Plata en el marco de la causa bautizada como “Lavado Total”. En la lista hay de todo.

El último de estos casos es también el más importante, en cuanto a cantidad de bienes y dinero en efectivo: 11 millones de pesos, 70 inmuebles y 26 autos decomisados en el marco de la causa conocida como “Carbón Blanco”, el intento de contrabando de más de una tonelada de cocaína a Europa escondida en carbón vegetal.

En una resolución firmada este miércoles por los jueces Juan Manuel Iglesias, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni, se hizo lugar a un pedido del fiscal federal de Chaco Federico Carniel, quien trabajó en colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) -a cargo de Mario Villar y María Laura Roteta-, y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, que encabeza Carmen Chena.

Lo que los jueces decidieron fue que los autos y los inmuebles del clan liderado por el fallecido abogado Carlos Salvatore pasen a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su subasta pública. Pero hasta que esto se complete le da potestad al organismo para poner los bienes a disposición de las autoridades para la lucha contra el virus.

“Autorizase a la AABE a ceder a las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales según corresponda, en custodia, aquellos inmuebles que se encuentren en condiciones de habitabilidad para ser afectados, de manera transitoria y excepcional, como parte del conjunto de medidas sanitarias que demanda la actual crisis epidemiológica derivada del COVID-19 con el objetivo primordial de la Salud Pública”, dijeron los miembros del tribunal federal de Chaco.

En cuanto a los 11 millones de pesos en efectivo secuestrados a la banda -condenada por tráfico y también por lavado de dinero– quedarán en el la provincia de Chaco para ser destinados principalmente a la compra de insumos del Hospital Perrando, de Resistencia, lugar donde se contagiaron 12 profesionales de la salud, entre ellos su directora.

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Al igual que ocurre ahora con el caso de “Carbón Blanco”, en la mayoría de las causas narco donde se resolvieron los traspasos de casas, quintas y hoteles, los jueces se basaron en el articulo 305 del Código Penal que prevé que “los activos que fueran decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o el Estado. Solo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino específico”.

Así ocurrió el 23 de marzo cuando el juez federal de Morón Nestor Barral decidió entregarle temporalmente a la Municipalidad de Pilar un edificio de 6.000 metros cuadrados que había sido construido a la altura del kilómetro 46,5 de la Panamericana en el marco de un megaproyecto que incluía un tren VIP hacia Capital Federal.

El predio que será usado como un centro de logística sanitaria quedó afectado a una explosiva causa por lavado de dinero que involucró, entre otros, al abogado Mateo Corvo Dolcet, la viuda de Pablo Escobar Gaviria y el ex jugador de futbol Mauricio “Chicho” Serna, además del capo narco José Bayron Piedrahita Ceballos, preso actualmente en Estados Unidos.

Un planteo diferente, no basado en el artículo 305, fue el que hizo la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) a cargo de Diego Iglesias, en el primer caso de este tipo, que se resolvió el 20 de marzo, el día numero 1 de la cuarentena​.

Este involucró a los hoteles Gandía y La Casona de la India que habían sido propiedad del Clan Loza, un grupo de hermanos salteños que, según cálculos de la Justicia, lavó en nuestro país 800 millones de pesos del contrabando de cocaína a Europa.

En ese caso la figura que se empleó fue la de extinción de dominio contemplada por el Decreto de Necesidad y Urgencia  (DNU) firmado por Mauricio Macri en 2019. La norma aun es muy discutida por su constitucionalidad, pero la urgencia de la pandemia, por lo visto, postergó la polémica.

EMJ