A raíz de la denuncia contra el Ministerio de Desarrollo Social por la compra irregular de alimentos con sobreprecios, el fiscal Guillermo Marijuan (al frente de la investigación) ordenó una serie de
medidas, entre ellas el allanamiento de una de las empresas involucradas, Copacabana S.A.
Hace dos días la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, realizó la denuncia penal por los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y eventuales negociaciones incompatibles con la función pública.
Se pidió que investiguen las compras en las que, se presume, desde el Ministerio de Desarrollo Social iban a pagar sobreprecios en la compra de alimentos. La suma comprometida rondaba los $ 547 millones y derivó en la renuncia de quince funcionarios que intervinieron en las resoluciones ministeriales.
“Se entiende que nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”, sostiene la denuncia de 111 páginas a la que accedió Clarín.
La causa recayó en el Juzgado 12, del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien delegó la investigación en el fiscal Marijuan. Este, tras realizar tareas de inteligencia sobre el grupo empresarial denunciado, detectó que de una de las compañías se estaba retirando documentación que podría ser útil para la causa y por eso ordenó un allanamiento.
La denuncia penal alcanza no sólo a la cartera que dirige Daniel Arroyo, sino también a las empresas que participaron de la licitación, ya que para la PIA “se han verificado irregularidades que a todas luces resultan ser suficientes para dar inicio a un proceso penal”, y se destacó que habrían usado “un esquema de concurrencia simulado en la invitación de distintas empresas pero que en realidad pertenecían a los mismos grupos económicos, concentrando de esta forma las adjudicaciones. Todos los oferentes invitados fueron adjudicados”.
Las compras cuestionadas generaron para la PIA “un beneficio a las empresas adjudicadas, sino a su vez se habría identificado una ganancia superlativa al aplicarse al caso del aceite comestible y el azúcar un sobreprecio que supera prácticamente el 62%“.
Para el fiscal, el Ministerio de Desarrollo Social “permitió favorecer a determinados intermediarios, adjudicándose productos a precios inflados, con el consecuente perjuicio al erario público”.
En el decreto firmado por el fiscal Marijuan y con el que se dio apertura a la investigación, se señaló que sobre los adjudicatarios, “existirían vinculaciones entre las sociedades que fueron invitadas a la contratación pública, determinándose que algunas de ellas pertenecerían a un mismo grupo de personas”.
Esto ocurría, según la denuncia, con las firmas “Teylem S.A.” y “Forain S.A.”, cuyos accionistas serían los mismos. Compartirían el domicilio declarado (calle San Martin 66 Piso 4ª dpto. 410 de la Ciudad de Buenos Aires) y sus apoderados serían las mismas personas.
También se expone la vinculación que podría existir con la sociedad “Blue Catering SA”, “la cual posee su domicilio en el mismo inmueble declarado por las anteriores. Por otra parte, en el caso de ‘Equis Quince S.A.’ se advirtió que tuvo como empleado a Roberto Fernando Lancestremere, quien actualmente resultaría ser apoderado de “Teylem S.A.”.
La Fiscalía remarcó que otro dato relevante que se expuso es el hecho de que el presidente de la firma “Forain S.A.” también ostentaría ese cargo en la sociedad “Equis Quince S.A.”. En cuanto al grupo empresarial que fue allanado, la denuncia sostuvo que está conformado por las empresas “Copacabana S.A.” y “Nomerobo S.A.”, que “comparten a sus directores y responsables -de apellido Assisa-, contando con el mismo domicilio ubicado en la calle Paraguay 419 de esta Ciudad”. Y la firma M.H. Accurso SRL -adjudicataria en uno de los casos- “no habría sido invitada, sino que se presentó de forma directa”.
Por otro lado, se agrupó a las sociedades “Sol Ganadera S.R.L.” y “Alimentos Generales S.A.”, ambos presuntamente de propiedad de la familia Toscano. Llega a esa conclusión el denunciante ya que Federico Andrés Toscano y Suyay Anahí Toscano serían los cuotapartistas de la primera empresa nombrada. Respecto de la segunda –“Alimentos Generales S.A.-, esta pertenecería al nombrado Toscano y a Roberto Ricardo Toscano, declarando ambas firmas el domicilio de la Avenida Corrientes 1327, piso 4° departamento 15 de esta Ciudad.
El fiscal les tomó declaraciones testimoniales a productores de alimentos para comparar sus precios con los establecidos en la compra. Uno de los productos con sobreprecios, el aceite marca Ideal, no podría ser comercializado a más de $ 98 si se tiene en cuenta el programa del Gobierno Nacional de precios máximos.
“Es aquí, donde claramente se advierte la posibilidad de haberse adjudicado a las tres firmas mencionadas con un valor holgadamente por encima al de mercado“, indicó la PIA y explicó: “Los productores venden a los intermediarios el aceite marca Ideal a $ 83,40, marca Casaliva a $ 82,28 y marca Indigo entre $ 95 y $96. Precios finales con impuestos incluidos”.
Sin embargo, el Estado “adjudicó esas mismas marcas en las sumas de $ 157,80, $ 158,67 y $ 166,58, en las mismas condiciones de cantidades, plazo de pago y lugares de entrega. Así, la diferencia llega al 100% en alguno de los casos. Tal cuestión no supera ningún razonamiento de sentido común”.
“Números suficientes a la hora de contemplar la posibilidad de un sobreprecio”, sostiene la denuncia penal, donde se ejemplificó con otro rubro. La empresa Copacabana S.A. fue adjudicada para una compra del propio Ministerio por 480.000 kilos de azúcar marca “La Muñeca”, “idéntico producto que en el hecho aquí denunciado pero en esa ocasión a un valor de $57,17 la unidad”.
Es decir, que no sólo el Ministerio “conocía el valor real del producto, sino que la empresa oferente tenía plena conciencia del abultado monto por el cual había ofertado”.
Así es que el productor de la marca de azúcar La Muñeca, vende a los intermediarios el paquete de 1 kilo a $46,58, “mientras que el Estado adjudicó esa misma marca a $ 74,97 y a $ 75,20 en las mismas condiciones de cantidades y plazo de pago. Impactante”, sostuvo el fiscal Rodríguez.
En tanto, Desarrollo Social se tomó diez días para iniciar un sumario administrativo destinado a determinar responsabilidades sobre la operación que fue denunciada por el fiscal Rodríguez.
La investigación en la cartera que dirige Daniel Arroyo se inició tras una orden de la PIA que, además, se constituyó como acusadora. La situación devino en la renuncia de quince funcionarios que habrían participado del circuito administrativo.
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