Desde que comenzó la cuarentena obligatoria por coronavirus, los presos de Mendoza vienen reclamando prisiones domiciliarias y, en la quinta semana del confinamiento, alrededor del 10% iniciaron
una huelga de hambre.
La protesta se volvió cruenta en las últimas horas cuando comenzaron a circular imágenes de tres presos que decidieron coserse la boca para llamar la atención y conseguir que las autoridades judiciales respondan a sus reclamos.
La protesta se desarrolla en los tres principales penales de la provincia: San Felipe, Almafuerte y en la cárcel de mujeres de El Borbollón. Son cerca de 160 internos, el 3,5% del total que comenzaron una huelga de hambre desde hace cinco días.
Denuncian que están hacinados en los pabellones, lo que genera un foco latente de contagio. Aún no hay ningún caso de infectado con COVID-19 en las cárceles mendocinas.
Frente a la pandemia, el sistema carcelario provincial organizó un protocolo con medidas de aislamiento por cuarentena a los nuevos presos. Se les otorgó celdas, pabellones y áreas para comida e higiene, diferenciadas del resto de la población carcelaria. Los nuevos internos deben cumplir los 14 días de cuarentena separados del resto.
En paralelo, la Justicia intenta resolver pedidos de prisiones domiciliarias de los presos que son parte de los grupos de riesgo por edad o patologías previas.
El juez Sebastián Sarmiento, del Juzgado penal colegiado 1, trabaja sobre habeas corpus en favor de internos que cumplen condenas leves (un año de prisión efectiva), lo que favorecería que terminen de cumplirlas en sus casas.
La Dirección del Servicio Penitenciario informó a Clarín que son alrededor de 160 los presos que han accedido al beneficio de la prisión domiciliaria desde que comenzó la pandemia, que representan al 10 por ciento de la población de las cárceles mendocinas.
El Ministerio Púbico Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa tienen complicaciones para conseguir tobilleras electrónicas y cumplir con las medidas de prevención de la pandemia con los presos vulnerables.
Como alternativa, se estudia quitar las tobilleras electrónicas a los presos antiguos para dárselas a presos que deban salir por razones de salud.
“A internos que llevan muchísimos años cumpliendo condena con tobillera sin haber presentado novedades, se les quitará ese accesorio para colocárselo a los nuevos beneficiarios de la prisión domiciliaria”, dijo el juez Sarmiento.
Y explicó que, “no en todos los casos” es necesario disponer de un sistema de monitoreo electrónico, como en condenas muy bajas o personas en situación de salidas transitorias. El seguimiento de los presos que no tienen tobilleras lo hacen la Policía o la Dirección de Promoción del Liberado.
EMJ
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