“Nos negamos a morir en la cárcel”. La frase, estampada en una de las banderas que todo el país pudo ver este viernes colgando de los techos del penal de Devoto,
es la consigna que sostienen los 1692 presos que están detenidos en el único penal que aún existe dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El coronavirus es, en este tiempo, el punto de partida de todo. Y en ese escenario, las cárceles de todos el país viven horas de alta tensión.
Tras nueve horas de motín, que se llevó toda la atención mediática durante este viernes, se logró un impasse (que calmó la tensión al menos hacia afuera del penal) y se acordó una mesa de diálogo. Desde las 10.30 de este sábado están reunidos en uno de los sectores del complejo: la capilla.
Primero se juntaron las autoridades, con referentes claros: Juan Martín Mena, secretario de Justicia de la Nación; Emiliano Blanco, director nacional del SPF, Daniel Morín, presidente de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional; y Gustavo Hornos, de la Cámara Federal de Casación Penal. Luego de algunos minutos de diálogo, se reunieron con los delegados de todos los pabellones, que en el acta firmada estuvieron representados por los detenidos Guillermo Álvarez, Carlos Palazzo, Eduardo Vera y Ricardo Castro.
El encuentro no parece ser el único que se desarrollará en este contexto de crisis carcelaria, disparada por la pandemia del COVID-19 aunque con los ingredientes con los que viene lidiando el sistema penitenciario desde hace años. El acta firmada este viernes cierra con un apartado en el que se enumeran los cinco puntos a tratar en el cónclave. También está en el penal representantes de la Procuración Penitenciaria, de la Defensoría de la Ciudad, de la PROCUVIN de la Comisión de Cárceles, entre otros.
La protesta comenzó cerca de las 8 de la mañana y se extendió hasta cerca de las 18. Fuentes del SAME y del SPF aseguraron que unos 15 agentes penitenciarios fueron trasladados a distintos centros asistenciales con quemaduras y lesiones leves. Además, los investigadores afirmaron que al menos dos presos que participaban de la protesta resultaron heridos al caer de los techos del penal, uno de los cuales sufrió una fractura en una pierna pero se encuentra fuera de peligro.
El reclamo se inició con quema de colchones y batucadas en el penal ubicado en la calle Bermúdez al 2600 de la Capital Federal. Según fuentes policiales, los presos comenzaron por copar dos plantas del penal que está dividido en seis unidades residenciales.
Los voceros del SPF confirmaron que de la protesta participó un 80 por ciento de la población y que los presos reclaman a las autoridades judiciales la liberación de quienes están en el grupo de riesgo de contraer coronavirus.
El reclamo estaba latente desde hacía varios días y se acrecentó luego de que se confirmara que un agente penitenciario que presta servicios en ese penal diera positivo de coronavirus. Está internado en una clínica de Monte Grande.
Durante toda la jornada, se observaron imágenes con presos colgados desde los techos del penal, chapas arrancadas y focos de incendio, mientras se escuchaban gritos y detonaciones de las armas de los penitenciarios que controlaron desde el perímetro de la cárcel.
Cerca de las 16 se realizaron las primeras reuniones de la mesa de diálogo, de la cual participaban representantes de los detenidos de los distintos pabellones, autoridades del Ministerio de Justicia, representantes de la Defensoría General de la Nación, autoridades de la Procuración Penitenciaria Nacional, miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y representantes de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos.
Los detenidos reclaman que se les otorguen prisiones domiciliarias a aquellos que están en condiciones de recibirlas según los criterios establecidos en las acordadas alcanzadas por la Cámara de Casación Criminal y Correccional de la Capital Federal y por la Cámara Federal de Casación Penal.
De hecho, en las últimas horas, la Cámara de Casación recomendó a los jueces de ese fuero que extremen los recaudos para contribuir con la disminución de la población carcelaria y sugirió atender “prioritariamente” y “en la medida que el caso así lo permita”, la situación de los internos “que conformen los grupos de riesgos descriptos por la autoridad sanitaria”.
Los presos que encabezaban el reclamo se quejan de que las recomendaciones de los tribunales superiores no surtieron el efecto esperado y es muy bajo el porcentaje de detenidos que lograron salir de los penales en el contexto de la pandemia.
Los propios internos que tienen celulares o familiares y vecinos desde el exterior difundieron a través de distintas redes sociales videos de la protesta desde dentro y fuera de la unidad carcelaria.
Otros puntos que se analizarán son “la compensaciones de la pena o conmutación; extranjeros con domicilio en la República Argentina; Informes Médicos realizados por Médico Forense; y tratamiento de los diferentes tipos de métodos alternativos de cumplimiento de la pena”, entre otros.
El juez federal Julián Ercolini, junto al fiscal Eduardo Taiano, son quienes están a cargo de la causa por la revuelta y siguen de cerca las negociaciones.
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