Desdolarizar, otro objetivo ambicioso de Martín Guzmán en medio de la crisis del coronavirus

plan de canje de la deuda que propuso la Argentina para evitar caer nuevamente en default ante la evidencia, destacada por el Ministro, de que el Tesoro no tiene fondos para pagar los compromisos que tiene el país por delante.

El objetivo de “desdolarizar” la economía es común a las administraciones de, por los menos, los últimos 40 años. Pero el peso es una moneda aceptada para transar y con poder cancelatorio para la concreción de algunas operaciones cotidianas (comprar alimentos) pero no tiene poder para ser reserva de valor.

En medio de la crisis del coronavirus y con la caída de actividad que provoca la política de aislamiento forzoso, el Gobierno se concentra en atender el problema de salud y en inyectar pesos para ponerle plata en el bolsillo a los sectores más necesitados y en el intento de superar una de las preocupaciones sensibles: asistir a las empresas privadas que no pueden trabajar para pagar los sueldos de abril.

Entre las aristas de la crisis que requieren la generación de caminos de salida están la renegociación de la deuda para no caer en default y la inestabilidad del dólar.

Respecto del plan de canje, un reciente informe de la consultora Research For Traders pone el foco sobre las cuestiones legales y un punto importante: “el gobierno no desea declarar la oferta vacante si no logra cumplir los requisitos mínimos dispuestos por las clausulas de acción colectivas de los Bonos K (2005) y de los Bonos M (2016)“.

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Y agrega que, “por ese motivo introduce el concepto de ‘arrastre’ para que aquellos que no acepten la oferta sean incluidos forzosamente en la restructuración si se activan las cláusulas de acción colectivas de sus bonos”.En otras palabras, si un tenedor de bonos no acepta el canje y el gobierno logra que 66% de los bonistas de esa serie de títulos acepte la propuesta, lo sumarán directamente.

Guzmán, por un lado, trata así de cerrarle los caminos a los bonistas en el caso de dudas en lo que se presenta como un doble discurso. Por un lado sostener que nada se va a cambiar de la propuesta porque la Argentina no tiene los dólares para pagar.

Pero, por otro lado, establece que el gobierno podrá modificar cláusulas y condiciones si lo considera oportuno. Una puerta transparente para abrir la negociación final que tiene como fecha límite el 22 de mayo próximo cuando la Argentina tendrá que decidir si paga US$503 millones o quedar abiertamente en cesación de pagos.

El otro tema es la suba de los dólares libres del jueves 23 de abril que encendió las luces rojas del tablero del Banco Central y que llevó a su presidente, Miguel Angel Pesce, a comenzar a desandar parte del plan de expansión monetaria que había comenzado a mediados de marzo.

Cuando el dolar “contado con liquidación” (se consigue por medio de la compra y venta de títulos y es para mayoristas) tocó $114 y se distanció 70% del oficial mayorista los nervios de los funcionarios se dispararon. Saben que una “brecha” de ese nivel tarde o temprano se refleja en el monto de liquidación de exportaciones y en la inflación.

El Central subió la tasa de pases de 11,4$ a 15,2% anual para captar excedentes líquidos de los bancos y le pidió a la Comisión de Valores que limite las tendencias de dólares en los fondos comunes de inversión en el intento de sacar plata del mercado y sacarle presión a las operaciones del contado con liquidación. El viernes dio resultado y los dólares libres aflojaron un poco pero la situación sigue amenazante.

El panorama externo tampoco ayuda. El dólar sigue fortaleciéndose en el mundo y el principal socio comercial argentino no puede frenar la devaluación.

En el mes el real brasileño aumentó 35% mientras que acá el dólar mayorista subió 11%. El tema del atraso relativo del dólar oficial que rige exportaciones e importaciones va ganando espacio más allá de la carrera interna con la inflación.

La crisis pega por los cuatro costados y no se nota una conducción unificada. Unos dicen que hay que expandir, otros que contraer y las necesidades de la atención de la salud y la asistencia a los sectores más desprotegidos resultan prioritarios. La decisión oficial es resolverlos de a uno, pero el momento requiere a un programa mucho más abarcador para evitar un desfasaje mayor de las principales variables económicas.