La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, consideró “importante” que el Senado tenga en agenda la ley de alquileres, que ya tiene media sanción
de Diputados.
“Es importante que una ley que tuvo 93% de adhesión en Diputados se apruebe en Senado”, dijo Bielsa a Télam, y agregó: “No sé si esto está entre las prioridades, pero es un tema importante”:
La funcionaria recordó que de la iniciativa participaron “todos los sectores, con todo el consenso posible” y se mostró confiada en que “el Senado va a funcionar”, aún en este período de aislamiento social.
Por otra parte, indicó que el ministerio recepcionó vía mail consultas y dudas de los inquilinos y propietarios por la aplicación de los decretos que impiden el desalojo y las mudanzas y congelan los alquileres hasta el 30 de septiembre.
Señaló que en línea con el espíritu de diálogo que proponen los decretos la información de los diferentes actores ubica entre 70 u 80% el nivel de cumplimiento de los alquileres.
“Esta situación puso al desnudo los contratos que no están inscriptos” sostuvo e indicó en ese sentido que “el denominador de los reclamos es que los propietarios no les envían un CBU” para realizar los pagos.
Esta situación puso al desnudo los contratos que no están inscriptos”
El ministerio no es órgano de aplicación, pero para evitar un “aluvión de casos judiciales”, Bielsa indicó que “alentamos que haya acuerdos, que haya pago y cobro”:
Uno de los temas que no estaba contemplado es el caso del “doble contrato”. es decir los casos de inquilinos que cursaban el último mes en marzo y ya tenían contrato con otro propietario.
Como el aislamiento social impide la realización de mudanzas “corresponde por situación de fuerza mayor pagar el lugar dónde viven, y no por el que alquilaron”, explicó Bielsa.
“Lo que pueden hacer es rescindir el contrato nuevo, cuando se habiliten las mudanzas”, agregó.
Remarcó que la vigencia de las medidas será hasta el 30 de septiembre y que “es muy difícil tener hoy precisiones de lo que sucederá después de esa fecha; esto es un semana a semana, hay una línea de acción pero tenemos hasta el 30 de septiembre para seguir trabajando con todos los sectores”.
Consultada sobre situaciones de desalojo indicó que “tenemos comentarios, pero no denuncias” y, de tenerlas, “el Ministerio está decidido a tomar las decisiones que haya que tomar, si tenemos los datos precisos”.
“El DNU tiene fuerza de ley”, remarcó tras asegurar que “tenemos las posibilidades para actuar, para intervenir desde el punto de vista político, como una mediación”, especialmente en los casos de presiones sobre familias en pensiones u hoteles para que abandonen en lugar.
La “vocación -de las medidas- no es judicializar un conflicto que requiere fundamentalmente de empatia y solidaridad”, señaló Bielsa.
“No tenemos que poder tolerar que alguien quede en la calle y menos en estos tiempos”; afirmó.
