Mientras el fiscal Guillermo Marijuan lleva adelante la investigación por las presuntas irregularidades en las compras de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo, que iban a comprometer al erario público
en 547 millones de pesos, la misma fiscalía avanza en la investigación sobre 16 insumos básicos y once medicamentos que en el marco de la pandemia del Covid19 fueron adquiridos tanto por parte de organismos del Estado nacional como del Gobierno de la Ciudad. Fuentes judiciales señalaron a Clarín, que están determinando las empresas involucradas como también los funcionarios intervinientes.
El listado es tan diverso como amplio, y a raíz de diversas publicaciones periodísticas, Marijuan radicó la denuncia en el fuero federal que lleva adelante su propia fiscalía. La acusación inicial y que se busca clarificar es que la información recabada “da cuenta de los injustificados incrementos de precios de bienes básicos, en especial aquellos que tienden a la protección de la higiene y salud, como productos indispensables e insumos sanitarios”, en el contexto de la pandemia por COVID-19 .
En consecuencia, Marijuan comenzó a investigar los circuitos comerciales para determinar “quiénes fueron las empresas productoras de insumos, intermediarias, los proveedores que participaron y también las posibles responsabilidades de los funcionarios públicos”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
El expediente sostiene que debe investigarse la presunta comisión de delitos de “acción pública en que habrían incurrido comerciantes, fabricantes, productores y/o importadores de dichos bienes básicos, con incidencia en la formación de precios, que en clara actitud especulativa”.
A estas acciones ahora bajo investigación suman otra situación aún más delicada: para Marijuan hay que determinar si todos los participantes “no incumplieron las órdenes emanadas de las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de la pandemia registrada por COVID-19, al generar incrementos injustificados de los precios de venta de dichos insumos, no pudiendo descartarse para ello posibles acuerdos previos entre los principales tenedores de dichos bienes”.
El fiscal se refiere a medicamentos, productos de higiene y desinfección, así como los insumos básicos y necesarios a nivel hospitalario o para los consumidores: termómetros, barbijos, camisolines, guantes de látex, antiparras protectoras, alcohol en gel, hisopos, detergente desinfectante y limpiador, ventiladores, bombas de infusión, camas de internación, equipos con desfibrilador, ecógrafos, aspiradores, tensiómetros y tubos de oxígeno.
Pero también incluyó una lista de once medicamentos que sufrieron variaciones en sus costos cuando se declaró la emergencia sanitaria en Argentina: Amoxicilina, Azitromicina, Cefalexina, Dexametasona, Loratadina, Ibuprofeno, Meprednisona, Paracetamol, Penicilina, G Benzatínica y Salbutamol.
Algunos de los números que se buscan clarificar son sobre insumos básicos como los barbijos: el barbijo de alta eficiencia, denominado N95, que casi no había tenido variaciones el año pasado, pero entre enero y febrero de este año pasó de costar 118,15 pesos a 343 pesos: una suba de 190% en 30 días, mientras que el barbijo común pasó de 1,45 peso en marzo del año pasado a 7,19 pesos, registrando un incremento del 395% interanual, aunque el mayor salto (310%) ocurrió desde diciembre hasta ahora. Así se detalló en la denuncia.
Una situación parecida ocurrió con los guantes sin látex estériles para cirugía, con una suba del 265% desde diciembre; con el alcohol de 96° por litro, que subió un 58%; el alcohol en gel por 500 mililitros, que registró un aumento del 54%; y los camisolines descartables XL, que aumentaron un 13%.
En lo que concierne a los medicamentos, Marijuan especificó que en función de un trabajo comparativo, se pudo verificar que ciertos medicamentos registraron “subas muy por encima de ese promedio, como la Hidroxicloroquina -principio activo antimalárico o antipalúdico que está siendo utilizado para la atención de pacientes con coronavirus- o el Salbutamol -utilizado para el alivio del broncoespasmo en padecimientos pulmonares- mostraron incrementos excesivos, particularmente del 76,64% y el 163,22%, respectivamente”.
Son sólo algunos ejemplos que sostienen la denuncia,sobre el cual el fiscal a cargo comenzó a impulsar una batería de medidas para determinar las responsabilidades del sector privado como también en caso de que haya funcionarios involucrados a través de procesos licitatorios en la órbita nacional como en el gobierno de la Ciudad.
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