Chile tendría que estar este lunes analizando el resultado del histórico plebiscito sobre una nueva Constitución, pero la pandemia del coronavirus obligó a los partidos políticos a acordar
“in extremis” aplazar la consulta para el 25 de octubre.
En los últimos días, sin embargo, ha ido cogiendo fuerza la idea de una segunda postergación, sobre todo desde las filas del oficialismo, lo que ha hecho que la oposición salga en tromba a defender la consulta y acusar al Gobierno de usar la pandemia como “excusa” para no ir a las urnas.
El debate lo abrió el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien dijo este fin de semana en el diario local La Tercera que hay que “evaluar” la nueva fecha y “conversar republicanamente” en función de cómo evolucione la Covid-19 en el país, donde ya hay 13.813 contagios y 198 muertos.
En un intento por no desacreditar a su ministro pero tampoco apoyarle públicamente, el presidente del país, Sebastián Piñera, aseguró la noche del domingo en la cadena CNN en Español que el Gobierno no está discutiendo la opción del aplazamiento, pero abrió la puerta a hacerlo en un futuro.
“Yo pienso, estamos especulando, que quizás la recesión económica va a ser tan grande y va a poner tantos desafíos a todos los países, incluyendo a Chile, (que) es un tema que quizás se va a volver a discutir, pero hoy día el calendario que tenemos es un plebiscito en el mes de octubre”, apuntó el mandatario conservador.
Las fuerzas políticas de Chile acordaron a finales de marzo retrasar el plebiscito del 26 de abril, el más importante desde aquel que acabó con la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) hace tres décadas y en el que 14,7 millones de chilenos están llamados a decidir si quieren cambiar la actual Constitución, heredada del régimen militar y de corte neoliberal.
El acuerdo contempla además mover los comicios municipales previstos para el 25 de octubre al 4 de abril de 2021, junto a la elección de los eventuales constituyentes, en el caso de que el plebiscito se apruebe.
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“Si en octubre no hemos superado la Covid-19, tendrá que evaluarse una fecha para el plebiscito, pero plantearlo con tanta anticipación parecer ser más bien una excusa para evitar que se lleve a cabo”, apuntó el presidente de los socialistas, Álvaro Elizalde.
En el mundo “pre-covid”, el referéndum era una de las principales apuestas políticas para desactivar la ola de protestas contra la desigualdad que estallaron en octubre -dejando una treintena de muertos y miles de fallecidos- y que ahora están suspendidas por la emergencia sanitaria.
“Me parece bien extraño que el Gobierno quiera que los alumnos vuelvan a clases en mayo, que se reabran los malls, que vuelvan los funcionarios públicos al trabajo y que esté pensando en postergar un plebiscito que se va a realizar a fines de octubre“, se cuestionó Fuad Chahín, líder de Democracia Cristiana.
Para el excanciller y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, lo que hay que hacer es adaptar el plebiscito a la “nueva normalidad”, como se ha hecho en las recientes elecciones parlamentarias de Corea del Sur, “con distancia social, mascarillas y alcohol gel en las mesas de votación”.
Antes de la pandemia, los sondeos apuntaban a un triunfo incuestionable de la opción del “apruebo”, aunque se mostraban más igualadas en torno al órgano que debería redactar el eventual nuevo texto, la otra pregunta que planteará el plebiscito.
Pese a que se llegó a un acuerdo tácito para no publicar nuevos sondeos hasta que se acerque la fecha de la consulta, Plaza Pública Cadem reveló este lunes que un 50 % de los encuestados cree que este debería postergarse hasta que la emergencia sanitaria esté superada, frente al 35 % que considera que debe celebrarse en octubre.
Para Octavio Avendaño, sociólogo de la Universidad de Chile, “es un debate prematuro e improcedente” y valida la estrategia que ha llevado a cabo el Gobierno desde que estallaron las protestas sociales y que pasa por “agotar el conflicto antes que solucionarlo”.
“Es una estrategia muy riesgosa, pero está claro que el presidente está dispuesto a asumirla hasta el final porque los costos de cambiar la constitución para la derecha, el empresariado y el propio Gobierno son muy altos”, explicó a Efe el experto.
La profesora de la Universidad Diego Portales Carolina Garrido dijo por su parte a Efe que las dos razones que adujo Piñera para aplazar el plebiscito, tanto la sanitaria como la económica, se caen por su propio peso.
“La democracia no se suspende cuando hay crisis económicas. Lo que deberíamos estar discutiendo ahora mismo son las medidas sanitarias y de distanciamiento social que debemos aplicar para garantizar la salud de los votantes”, añadió Garrido, de la Red de Politólogas.
María M. Mur. Agencia EFE
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