La conformación de la mesa convocada el viernes se concretó este lunes mediante una videollamada de la que participaron el interventor del Enargas, Federico Bernal, con sus
colaboradores, y los directivos de las empresas nucleadas en la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas), en un temario dominado por la intención oficial de “elaborar una nueva metodología para la comercialización”.
El encuentro no vinculante se produce en momentos en que el ente decidió avanzar con la derogación de la Resolución 72 -tal como fue publicado hoy en el Boletín Oficial- que establecía la metodología para el traslado a tarifas el precio del gas, vigente desde febrero del año pasado, impulsada por el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.
Pero el contexto de la Resolución 27 publicada hoy se amplía a las dificultades de recaudación que están registrando las distribuidoras que atienden a los 9 millones de usuarios de todo el país, que por efecto del aislamiento obligatorio vieron disminuir hasta en un 75% sus ingresos, y que en la última semana comenzó a reducirse a niveles del 50%.
En tal sentido, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (Ceph) planteó al Gobierno nacional y al Enargas “el flagrante incumplimiento” por parte las empresas de distribución de los pagos por los contratos de suministros.
#AHORA | ENARGAS deroga la Resolucin 72 y avanza hacia tarifas justas y razonables.
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ENARGAS ?? (@InfoEnargas) April 23, 2020
La entidad que nuclea a las mayores petroleras del país reclama una deuda de US$ 3.500 millones por los contratos de venta de gas a las distribuidoras, de las que fuentes del sector precisaron tienen en mora entre el 75% y el 50% de las facturas de enero, más la totalidad de lo cursado hasta la fecha.
Las productoras plantearon que ese nivel de deuda les genera inconvenientes con proveedores y gobiernos provinciales, y que “puede afectar la operación y producción de gas natural”, algo que -agregaron- redundaría en “problemas de suministro de gas a las distribuidoras”.
Fuentes de una de las petroleras acreedoras justificaron el reclamo al señalar que a la retracción de la demanda de gas que se venía registrando desde el año pasado -lo que obligó a ralentizar el ritmo de producción-,se suma que las ventas a las distribuidoras se siguen facturando a un dólar de 45 dólares, por el congelamiento tarifario vigente desde el macrismo.
Con la suspensión por 180 días de la revisión tarifaria dispuesta por el actual gobierno, la resolución del Enargas por modificar los mecanismos de precios resulta anticipada, teniendo en cuenta que los contratos de provisión que vencieron el 30 de marzo fueron prorrogados por tres meses.
Otro punto que causó alarma en las productoras fue la subasta que Cammesa realizó la semana pasada para el gas interrumpible que emplearán las generadoras eléctricas durante mayo, proceso que arrojó precios menores a los esperados y que llegaron a tocar un piso de un dólar por millón de BTU, aunque el precio en firme para las distribuidoras se ubica en torno a los US$ 3 por millón de BTU
“Las empresas no tienen donde colocar el gas y ante una compulsa prefieren bajar el precio a quedar fuera del mercado. Un dólar no es rentable para ninguna de las compañías y no debería volver a darse para no desalentar la producción a corto plazo y obligar al país a incrementar sus importaciones dentro de un año”, explicó una fuente de las productoras
A pesar de las razones esgrimidas por las petroleras, en una de las distribuidoras de gas consultadas por Télam llegaron a calificar de “sobreactuación” la carta que la CEPH envió al subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, y al interventor Bernal, para reclamar los pagos que están “dentro de una mora manejable”.
Para las distribuidoras de gas, la razón de la “fuerte aparición de la CEPH sólo se explica en el contexto de la actual negociación que las mismas petroleras llevan adelante para establecer un barril criollo que permita sostener el precio del crudo local, para aliviar el peso por la caída de demanda y anticipar la pelea por lo que va a ser la fijación del precio del gas a boca de pozo”.
Con todos estos planteos sobre la mesa, el Enargas ratificó este lunes su intención de buscar incidir en el precio que las distribuidoras consigan del gas con la introducción de mecanismos que permitan obtener “tarifas justas y razonables”.
La Resolución 27/2020 busca enmendar la obligación a la que estaba sometida el Enargas de aprobar precios del gas contratados por el mecanismo de las subastas, sin ningún tipo de revisión en cuanto a su justicia y razonabilidad.
La Resolución 72/2019 tomaba como referencia el concurso de precios para la provisión de gas natural en condición firme para el abastecimiento de la demanda de usuarios de las distribuidoras, mediante la licitación en el Mercado Electrónico de Gas (Megsa).
Bernal señaló que la medida es parte de la decisión de “revisar intensamente todo lo actuado” en los últimos cuatro años, por lo cual la derogación es “un paso fundamental para que el Enargas recupere su verdadero rol de organismo regulador en lo que respecta al precio del gas en el cuadro tarifario conforme la doctrina del fallo de la Corte Suprema de 2016”.
