A pesar de que el presidente Alberto Fernández avaló la concesión de los arrestos domiciliarios para los presos en riesgo en medio de la pandemia del
coronavirus, el Ministerio de Justicia que dirige Marcela Losardo -del que dependen los 14.007 internos del Sistema Penitenciario Federal (SPF)- mira con preocupación la situación: en las últimas semanas más de 200 presos dejaron las unidades carcelarias y el Estado nacional no cuenta con 1.280 tobilleras para todos los presos que están en riesgo de salud.
La situación no ocurre sólo en el sistema federal. En la provincia de Buenos Aires el Sistema Penitenciario Bonaerense sólo tiene 2.000 tobilleras y todas están en uso, ya que hubomás de1.100 liberacionesen ese distrito desde el inicio de la pandemia del Covid19.
Esa carencia se vuelve explosiva. En la provincia más poblada del país ya hay 17 cárceles plegadas a una huelga de hambre. Unos 1.800 presos bonaerenses -4,12% de la población carcelaria- se encuentran en huelga de hambre desde el 21 abril. En el Servicio Penitenciario Federal (SPF), por su parte, hay 35 internos que no ingieren alimentos desde hace 10 días. El reclamo de todos es el mismo: quieren que los jueces les concedan arresto domiciliario.
Esas diferencias entre lo que ocurre en el sistema nacional y el bonaerense se explican por la cantidad de detenidos y también por la sobrepoblación. El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tiene 44.000 presos alojados en lugares que están preparados sólo para 29.000. El SPF, en cambio. cuenta con 14.007 detenidos, el 9,04% más de los que podría alojar en base a la infraestructura que tiene.
A su vez, según relevamientos oficiales hay 1.280 presos de riesgo en el sistema federal, tomando en cuenta sus edades y las enfermedades que tenían antes de que se declarara la pandemia por el coronavirus. La Cámara Federal de Casación Penal recomendó a los jueces que evalúen una morigeración de la detención, es decir un arresto domiciliario de esos presos en riesgo que están detenidos por delitos menores, prisiones preventivas excedidas en sus plazos o condenas que estén próximas a cumplirse.
Fuentes oficiales confirmaron a Clarín que en las últimas dos semanas 200 detenidos dejaron las cárceles federales. Pero con un agravante: no todos ellos lo hicieron con tobilleras electrónicas, el dispositivo que tiene en esos casos el Sistema Penitenciario para monitorear que los presos cumplan la detención en su domicilio y no circulen por las calles hasta que se termine su condena.
En Justicia resaltan que si los jueces decidieran conceder domiciliaria a todos los presos en riesgo de salud, es decir 1,280 internos, no habrá tobilleras para monitorearlos.
En esos casos se puede designar a policías para que concurran periódicamente al domicilio que fijó la Justicia para controlar al detenido, pero hoy las fuerzas federales están abocadas a supervisar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
A su vez, otro problema surge de la designación de los domicilios para cumplir las penas. Cuando un juez concede el arresto domiciliario, la defensa del detenido debe fijar un domicilio. Una vez cumplimentado ese paso, la comisaría de la zona donde se encuentra la vivienda debe realizar una verificación de la dirección y un informe socio ambiental.
Ese informe debe detallar cómo es la propiedad donde permanecerá la persona que debe cumplir con el arresto. Dice cuántas habitaciones tiene la casa, con qué salidas cuenta, cómo es el techo, y lo más importante: qué personas estarán con el preso durante el cumplimiento de su pena. Además, se pregunta el ingreso mensual del grupo familiar. Todas esa tareas deben hacerse en momentos que la policía está desbordada por las tareas de mitigación de la pandemia.
Algunos detenidos tienen tobilleras sólo para monitorear que no salgan del país, y otros sólo están circunscriptos a su domicilio. En este último caso, si ese interno atraviesa la puerta de su casa, el sistema de monitoreo recibe el alerta sobre la violación del desplazamiento autorizado.
A nivel federal, esta tarea de control está a cargo de la empresa Surely SA, que es la responsable de proveer el servicio, y la información va a las oficinas del Programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica, que depende de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia.
Las cifras oficiales indican que hasta 2019 más de 2.500 personas en todo el país cumplían sus penas bajo esta modalidad. Hasta el año pasado, el gasto por cada tobillera y su respectivo monitoreo era de $ 10.990 por dispositivo electrónico por mes.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS.ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE.
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
