La violencia puertas adentro y cómo el Estado está actuando en tiempos de cuarentena fue el tema que centralizó el informe que la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth
Gómez Alcorta, presentó en la Cámara de Diputados, mediante un sistema de videoconferencia.
“Para muchas mujeres, no hay lugar más inseguro que sus casas”, fue la frase con que inició la rueda de preguntas la diputada de Juntos por el Cambio, Silvia Lospenatto, integrante de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que es presidida por la legisladora del Frente de Todos, Mónica Macha, y quien tuvo a su cargo la organización del encuentro.
“Entre el 20 de marzo, fecha de inicio del aislamiento obligatorio, y el 20 de abril, la línea 144 aumentó en un 40 por ciento la cantidad de consultas recibidas por violencia de género en relación al mes anterior”, afirmó la ministra, al tiempo que aclaró que no se trata de una línea que recibe denuncias sino que brinda atención, contención mediante un seguimiento del caso y también asesoramiento. “En este período de tiempo de un mes se hicieron 10.351 consultas. En muchos casos, se comunica la víctima pero también lo hacen familiares, amigos o vecinos”.
“De todas esas consultas por violencia doméstica, que puede tratarse de violencia física, psicológica o económica, el 44 por ciento de las consultas refieren a la pareja actual de quien la padece”, aclaró Gómez Alcorta y en cuanto a lo operativo, precisó que resulta muy funcional la apertura de consultas mediante la mensajería de Whatsapp ya que muchas veces, en condición de aislamiento, “puede dificultarse la realización de un llamado telefónico”.
A su vez, la ministra informó que mediante resolución nacional se estableció que salir a realizar una denuncia por violencia de género es considerado “razón de fuerza mayor”, una medida que parece obvia pero que cobra sentido en relación a la respuesta que deben dar las policías locales.
Por otra parte, la diputada correntina Ingrid Jetter alertó sobre la posible liberación de detenidos y el uso que están haciendo en las cárceles de los teléfonos celulares. Gómez Alcorta mencionó la prórroga que todas las provincias, excepto Corrientes, dieron para las medidas cautelares que ya habían sido dictadas y planteó que se solicitó al Poder Judicial que no autorice la prisión domiciliaria de aquellos condenados por violencia de género o delitos contra la integridad sexual.
“Exigimos la protección efectiva de las mujeres en situación de riesgo y para eso, es necesaria la apertura de refugios que hoy son inexistentes en muchas localidades y municipios”, señaló la diputada Romina del Plá (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), una demanda que la ministra respondió haciendo referencia a un acuerdo que se está trabajando con los sindicatos -por su capacidad hotelera vacante- así como también con el Ministerio de Turismo.
“¿Cómo se trabajó con los farmacéuticos la campaña “Barbijo rojo”? ¿Funciona en las farmacias de todo el país?”, consultó la legisladora Sofía Brambilla (Juntos por el Cambio, Corrientes) en alusión a una medida que se lanzó desde el ministerio y que consiste en que una mujer que sufre violencia pueda usar esas palabras como código para solicitar ayuda. La ministra respondió que se implementó mediante la Cámara de Farmacéuticos y que según el protocolo que enviaron, el rol de quien recibe el pedido de “un barbijo rojo” sólo consiste en hacer un llamado a la línea 144 o en su defecto, al 911.
“En relación a la violencia doméstica, ¿se piensan campañas que interpelen a los varones?”, consultó la diputada porteña Mara Brawer (Frente de Todos), tema sobre el que Gómez Alcorta precisó que se continua trabajando porque “los varones no nacen violentos, sino que la violencia se vuelve una práctica social adquirida” y recordó que desnaturalizar esas masculinidades así como lograr que las mujeres confíen en el Estado es el gran cambio de paradigma que debe realizarse. “El 80 por ciento de las víctimas de femicidio nunca acudieron al Poder Judicial. Este es un tema central sobre el que trabajamos todos los días”.
En cuanto a las medidas económicas en el marco de la emergencia sanitaria, Gómez Alcorta precisó que el ministerio trabaja en coordinación con ANSES y Desarrollo Social para el diseño de políticas puntuales como bonos extraordinarios a planes sociales, partidas especiales a comedores y merenderos y la implementación de la IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). También mencionó que la línea 144 recibió denuncias de mujeres que realizan trabajo doméstico y a quienes sus empleadores las obligan a asistir, no les quieren pagar el sueldo o bien les descuentan los beneficios sociales de emergencia que el Estado dispuso para la condición de trabajo informal.
En lo que va de la cuarentena hubo al menos 26 femicidios. Es el único delito que no bajó durante el encierro obligatorio.
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