El Servicio Penitenciario Federal (SPF) tiene, según la estadística actualizada, 12.579 detenidos en todos sus penales. Más de la mitad no tiene condena: son 6.766 procesados. Del resto,
5.810 recibieron una sentencia y 3 fueron declarados inimputables.
Según fuentes oficiales, por la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de coronavirus salieron en libertad hasta el momento el 21 por ciento de la lista que de 1.279 presentó el SPF como internos de riesgo por el coronavirus. Es decir, al menos 268 recibieron el beneficio.
La capacidad operativa utilizable del SPF es de 12.694 plazas, por lo que actualmente hay 115 disponibles.
El 94,02 por ciento son hombres (11.827). Y apenas el 5,72 son mujeres (720). El 0,25 por ciento restante son trans (32).
A mediados de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) recomendaron a los Estados miembro alternativas a la privación de libertad para paliar los efectos del COVID-19 en prisión.
Ubicaron en ese grupo a mayores de 65 años, embarazadas, pacientes portadores de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y pacientes diabéticos insulinorequirientes.
También a pacientes inmunosuprimidos (HIV, TBC en tratamiento, hepatitis B y C en tratamiento, pacientes oncológicos en tratamiento, pacientes bajo corticoterapia, pacientes en tratamiento quimioterápico, pacientes con enfermedades autoinmunes); pacientes con insuficiencia cardíaca y pacientes con insuficiencia renal crónica.
Por ello, el 13 de abril la Cámara Federal de Casación Penal sugirió medidas alternativas al encierro, como la prisión domiciliaria, para afrontar la situación actual. Lo hizo en base a los lineamientos de la OMS, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ante la emergencia por el COVID-19.
En la acordada 9/2020, los camaristas encomendaron a “los tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder”.
En particular se aludió a detenidos con prisión preventiva por “delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo”, siempre con “mecanismos de control y monitoreo”.
Además, se aclaró que este beneficio podría revisarse cuando concluya la emergencia sanitaria. “Una vez superada la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, los casos deberán ser sometidos a un nuevo reexamen“, advirtió el Tribunal.
Además, remarcó que los jueces deberían asegurar en cada caso concreto “el debido proceso legal y garantizar los derechos de las partes y, en especial, dar estricto cumplimiento a la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos”.
La norma dispuso que se debe pedir y valorar la opinión de las querellas que representen a víctimas o sus familiares de manera previa a conceder algún beneficio a los condenados en sus causas.
Esto es un punto conflictivo, ya que quienes han sido víctimas no han sido avisados de los beneficios a sus victimarios. Como ocurrió con el caso del jubilado que violó a su vecina, de 13 años, en Burzaco. Ahora está cumpliendo la domiciliaria en su casa, cerca de donde vive la chica.
Casación también instó a dar prisión domiciliaria en los casos en que la prisión preventiva haya superado “ostensiblemente” los plazos previstos sin condena y “tomando en cuenta las características de cada proceso”.
En el listado de posibles beneficiados se incluyó a condenados por “delitos no violentos que estén próximos a cumplir la pena impuesta” o con condenas a penas de hasta tres años de prisión. Otro aspecto que, en muchos casos, no se está cumpliendo.
EMJ
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