Tranquitas es una comunidad que reúne a unos 500 aborígenes de la etnia guaraní. Ubicada en el norte salteño, tiene agua corriente, pero no gas natural, por lo que el agua
para bañarse se calienta a base de garrafa. Hace muy poco que a algunos de sus habitantes les llegó la luz eléctrica. Las changas, el trabajo golondrina o venta ambulante en la ciudad de Tartagal, ubicada a unos 13 kilómetros, son el sustento principal de su gente.
Allí vive Yesica (31), madre de 5 hijos, en una modesta casa que comparte con sus padres, su marido y una sobrina. Hasta octubre de 2019 ella juntaba unos 5 mil pesos mensuales amasando y vendiendo pan casero. Pero las cosas comenzaron a complicarse cuando por problemas burocráticos dejó de cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y su esposo se quedó sin trabajo.
Sin siquiera darse cuenta, a fines de 2019, la mujer terminó siendo protagonista de una causa en el fuero federal de Córdoba. En ese expediente hoy se debate cómo la extrema vulnerabilidad de una persona puede convertirla en víctima del delito de “trata”, sin que medien pesadas cadenas de hierro o armas apuntadas a la cabeza.
Yesica fue detenida el 2 de octubre de 2019 luego de bajar en la terminal de Córdoba del micro que la había llevado allí desde de Salta. Nunca antes habia salido de su provincia. Llevaba una mochila en la que la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) secuestró 4 envoltorios conteniendo 1.641 gramos de cocaína.
El operativo en el que detuvieron a una mujer con cuatro ladrillos de cocaína, en la terminal de ómnibus de Córdoba.
Según el relato posterior que hicieron en el juzgado los dos policias que la detuvieron, la mujer inmediatamente pidió ir al baño y allí le contó a una oficial que la droga era de un hombre que había viajado con ella, que la había amenazado y que tenía mucho miedo de que como la droga se había perdido los traficantes le hicieran daño a su esposo o sus hijos, porque sabían dónde vivía.
“Estaba muy nerviosa y dijo que quería ir al baño. Allí contó, llorando, que un hombre le había dado los envoltorios que contenían la cocaína. Aseguró que no conocía a quien le tenía que dar la droga y que le habían prometido 20 mil pesos por el traslado. Ellos le habían comprado el pasaje”, declaró en la causa uno de los policías. Y contó también que Yesica le dijo que había intentado resistirse a bajar del micro con una mochila que no era de ella, pero el hombre al forzó y le torció un dedo. “Callate y caminá“, le ordenó.
Luego del secuestro de la droga, casi inmediatamente cayó detenido el narco que la había reclutado en Tranquitas y también le había hecho de escolta durante el viaje. El operativo en la estación de omnibus de Córdoba se sumó a otro anterior ocurrido poco antes en Retiro y atribuido a la misma banda, una organización con conexiones con Raúl Alberto Cuello, alias “El Tuerto Cacho”, uno de los narcos más conocidos de Cordoba, actualmente preso.
Investigando ambos procedimientos, y tras concretar 25 allanamientos, el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari llegó al núcleo de la organización, que a fines de la semana pasada fue procesada por el juez federal N° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, por los delitos de organización y financiamiento del narcotráfico.
Sin embargo, el juez desestimó dos de las acusaciones más importantes realizadas a la banda, la de “asociación ilícita” y la de “trata de personas”.
Por eso el propio Senestrari, pero también Marcelo Colombo, fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), y Diego Iglesias, fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) apelaron a la Cámara para agravar la situación penal de los narcos.
En el planteo de los fiscales, la historia de Yesica es central y gran parte está contada en el estudio socioambiental que dos psicólogas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por del Delito de Trata hicieron luego de viajar a Tranquitas en noviembre de 2019.
A ellas Yesica les contó que había conocido al señor que la llevó a Córdoba a través de una amiga a la que veía en Tartagal, donde iba a vender sus panes y pastafrolas para mantener sus hijos de 16, 13, 11, 8 y 5 años porque el trabajo de su marido estaba escaseando.
No dijo nada de los supuestos 20 mil pesos que le iban a pagar, pero sí contó por que necesitaba la plata: su nenes más chicos -todos escolarizados- iban a tener la exhibición anual de educación física en el colegio y ella que fueran con zapatillas enteras, en buenas condiciones y no tenía dinero para comprarlas.
EMJ
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