“¡Está todo mal, que venga Mena!“. Los presos del Centro Universitario Devoto (CUD), entre ellos dos de sus referentes Rolando Saucedo y el cuádruple homicida Guillermo “Concheto” Álvarez, estaban enardecidos por
la poca presencia oficial (y el faltazo del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena), más la ausencia de jueces de Ejecución, que son los que definen sobre la suerte de los detenidos.
Por eso, la segunda reunión tras el violento motín registrado el viernes 24 estuvo a punto de fracasar en el Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires, situado en la calle Bermúdez 2651. Hubo una batucada de presos y se pasó a un cuarto intermedio, tras la cual ganó la postura más calma de los representantes de los pabellones.
El Gobierno de Alberto Fernández, ya con cinco meses de gestión, todavía no designó a ningún funcionario al frente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. La ministra de Justicia, Marcela Losardo, tiene que tomar esa medida.
El actual titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emilio Blanco, no goza de las simpatías de los detenidos en Devoto. “Tuvo una gestión deplorable en más de seis años y lo quieren nombrar al frente de Asuntos Penitenciarios”, advierten los líderes del CUD.
Además, se quejaron de que les quieren “bajar el precio de la mesa de diálogo“. Al respecto, apuntaron que “esto es un problema de larga data y no hay que relativizar con 800 informes, que no es garantía de libertad de nadie”.
Según Blanco, desde la primera reunión un equipo interdisciplinario analizó 805 informes presentados por el colectivo de detenidos “penados a menos de tres años”.
En el SPF hay 1.280 internos “en condiciones de riesgo” ante la COVID-19, de los cuales 320 presos ya fueron “externados” hasta hoy, añadió el director del Servicio.
En total, según la estadística actualizada, suman hasta este jueves 12.492 detenidos cuando la capacidad es de 12.694 plazas. De esa cifra, 6.708 (el 53,70%) están procesados y 5.781 (el 46,28%) ya han sido condenados.
En el acta, los detenidos propusieron pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de mayo próximo a las 10 y solicitaron que el “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos convoque formalmente a la totalidad de los jueces de Ejecución Penal, como así también a los representantes de la Cámara Federal de Casación”.
El lugar de Mena fue ocupado por el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto, quien suscribió el acta, según Télam.
También participaron de la reunión el juez Daniel Morin, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; la jueza de Ejecución 2 Vilma Bisceglia; y representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad) y el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad (Sutpla).
La mesa de diálogo se conformó tras los incidentes protagonizados por los detenidos de Devoto, quienes reclamaron durante más de 12 horas por la agilización de sus causas penales y que se les otorguen beneficios de prisiones domiciliarias ante la posibilidad de contagio de coronavirus.
EMJ
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