Kilo arriba, kilo abajo, todas las estadísticas oficiales llegan a la misma conclusión: Estados Unidos es el país más carnívoro del planeta. En el 2017, sus 320 millones de habitantes comieron
124 kilogramos de carne de media per cápita, según Naciones Unidas, que sitúan justo por detrás a Australia (121 kilos) y Argentina (109 kilos) y unos escalones más atrás, con 100 kilos, a España, el líder en consumo en Europa (el Ministerio de Alimentación sostiene que en realidad es la mitad).
El elevado consumo cárnico de los estadounidenses explica por qué, en plena pandemia de coronavirus, la imagen de las estanterías vacías en los supermercados es no sólo una pesadilla económica sino política y por qué la Casa Blanca ha tomado medidas drásticas para evitarla. Para muchos ciudadanos, sería la señal inequívoca de que su gobierno ha perdido el control de la crisis.
La presión de las empresas y los datos de actividad que apuntan a un posible desabastecimiento de productos cárnicos a partir de mayo llevaron el martes por la noche al presidente Donald Trump a firmar un decreto que ordena a las plantas cárnicas permanecer abiertas durante la pandemia. La orden presidencial evoca la Ley de Producción de Defensa, adoptada durante la guerra de Corea, para designar las plantas procesadoras de carne como instalaciones críticas y las pone a las órdenes del gobierno.
La medida ayudará a las empresas en su potencial defensa legal ante las órdenes de cierre emitidas por algunos estados y ciudades cuando han registrado brotes, noticias a menudo rodeadas de secretismo. “Tales clausuras amenazan el buen funcionamiento de la cadena de abastecimiento de carne y pollería, socavando infraestructuras críticas durante una emergencia nacional”, reza el decreto firmado por Trump. Primar la seguridad de los trabajadores, replican los sindicatos, es la mejor manera de garantizar la continuidad del abastecimiento.
Falta de protección
La falta de material protectivo y las difíciles condiciones de trabajo en estas plantas, donde miles de trabajadores de origen inmigrante (abundan los somalíes, por ejemplo, además de los hispanos) o temporeros procedentes de México operan a escasa distancia entre sí, han sido el caldo de cultivo ideal para el coronavirus. Al menos 22 plantas cárnicas, en las que habitualmente trabajan unos 35.000 empleados, han cerrado sus puertas temporalmente, según los sindicatos del sector.
Un cartel en un supermercado de Vacaville, en California, indica que algunos cortes de carne tienen límites de cantidad por consumidor, ante la baja en la producción por el coronavirus. /EFE
Entre ellas están las dos mayores del país, Tyson en Waterloo (Iowa) y Smithfield Foods en Sioux Falls (Dakota del Sur), de la que sale el 5% de la carne que se consume en EE.UU. Esta última –una subsidiaria del grupo WH, de China, el principal conglomerado de carne porcina del mundo– se ha convertido en el mayor foco de infección del país con al menos 761 empleados contagiados (de un total de 3.700), además de otros 143 de su entorno, lo que multiplicó por diez las cifras total de contagios.
El secretismo con que trató los primeros casos propiciaron quejas de los trabajadores, a los que había ofrecido una prima de 500 dólares si iban a trabajar. Más allá del caso de Dakota del Sur, mientras algunos trabajadores decidieron quedarse en casa por su propia seguridad, la mayoría siguió trabajando. Por ahora, unos 6.500 han contraído el Covid-19 y 20 de ellos han muerto, según datos de los sindicatos, lo que ha provocado una escasez de personal que ha llevado a algunas instalaciones a ralentizar su producción.
Estas situaciones, sumadas a los cierres, ha dejado a los pequeños productores de cerdo y pollo sin lugares a los que llevar sus animales. Algunos han comenzado a sacrificarlos por millaresante la imposibilidad de darles salida. En las últimas semanas el volumen de productos procesados de cerdo y pollo ha caído un 25%, calcula la industria, así como un 10% de los basados en carne vacuna.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó un decreto para que las plantas cárnicas permanezcan abiertas durante la pandemia. /BLOOMBERG
Concentración empresarial
La elevada concentración empresarial de la industria del procesamiento de la carne –más que de la producción en sí– explica que el cierre de dos decenas de plantas haya provocado tantos problemas. El 60% de toda la carne de cerdo procesada en EE.UU. sale de 15 instalaciones. Tyson, JBS y Cargill controlan, juntas, dos tercios del mercado de ternera en el país. La consolidación del sector es similar en el caso del pollo y la ternera.
“El virus ha expuesto la fragilidad que conlleva este tipo de consolidación”, afirma Christopher Leonard, autor del libro The Meat Racket, sobre la situación del sector en Estados Unidos. Dos senadores han pedido a la Comisión Federal de Comercio que examine las consecuencias de esta extrema concentración empresarial, muy superior a la que existe en Europa.
La planta de Tyson Foods Inc.en Temperanceville, Virginia. Es uno de los principales frigoríficos de Estados Unidos. /AP
Las grandes empresas han redoblado la presión sobre el gobierno. “La cadena de abastecimiento de alimentos se está rompiendo”, advertía el domingo en un anuncio a toda página en varios diarios John Tyson, presidente de la empresa que lleva su apellido. “Tenemos la responsabilidad de alimentar a nuestro país. Es tan esencial como la sanidad. Es un desafío que no debe ignorarse. Nuestras plantas deben permanecer operativas para poder alimentar a las familias americanas”, reclamó.
“Estados Unidos no se está quedando sin productos”, matizó por su parte Consumer Brands Association, la patronal que agrupa a compañías alimenticias como Campbell Soup, Pepsico o Kraft Foods. “Pero las estanterías vacías revelan que la cadena de suministro está bajo presión y el Gobierno y la industria deben resolverlo juntos”, reclamaron.
El presidente Trump explicó el martes que uno de los objetivos del decreto es “resolver cualquier problema de responsabilidad legal” a las empresas. En paralelo, explicaron fuentes oficiales a la prensa, la Casa Blanca prepara junto con el Departamento de Trabajo directrices de seguridad específicas para el sector. Para los sindicatos el gobierno federal está poniendo el énfasis en el problema equivocado.
“No podemos tener una cadena alimentaria segura sin seguridad para sus trabajadores”, sostiene Marc Perrone, presidente del Sindicato Internacional de Trabajadores de Alimentos y Comercio (UFCW), que reclama que se obligue a las empresas a dar material protectivo a sus empleados y aplicar medidas de distancia social.
Las directrices emitidas por el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas son sólo recomendaciones. La orden presidencial “sólo hará que más trabajadores enfermen, pongan en riesgo sus vidas, los ingresos de sus familias y a su entorno, además de por supuesto la cadena de alimentación”, critica Kim Cordova, presidenta de la sección de UFCW que representa a los 3.000 trabajadores de la planta del gigante brasileño JBS en Greeley (Colorado). Allí han muerto cinco empleados. Ahora está cerrada. “Si las empresas no están sujetas a responsabilidades, no tienen razones para tomar medidas para proteger a sus trabajadores”, argumenta. Pero “si los trabajadores no van, ¿qué van a hacer? ¿Alistarlos? Esto es una locura. Si son trabajadores esenciales, entonces protégelos”.
Por Beatriz Navarro, desde Washington
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