“Nadie está de acuerdo en sacar violadores y asesinos seriales”, advirtió la Ministra de Justicia sobre las domiciliarias

Gobierno. El fuerte rechazo en gran parte de la ciudadanía y de los sectores políticos (incluso dentro mismo del oficialismo), obligaron al propio presidente Alberto Fernández a aclarar que no estaba de acuerdo con esa decisión, a pesar de que antes lo había avalado en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Una de las voces que aún se había escuchado era la de la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Y este jueves plantó posición y hasta dejó un mensaje hacia las propias filas del Ejecutivo.

“No es cuestión de despegarse o no despegarse, es cuestión de que se entienda el tema. Nadie está de acuerdo en sacar violadores o asesinos seriales. Estamos de acuerdo en que hay un grupo de gente de riesgo y que hay que analizar. Eso es lo único que hay que hacer”, sostuvo Losardo en declaraciones a radio Mitre.

En sintonía con lo que dijo el Presidente el miércoles, la ministra aclaró en varias oportunidades que la facultad de otorgar prisiones domiciliarias es exclusiva del Poder Judicial y que “el Ejecutivo no puede detener ni sacar de la cárcel a nadie”.

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Pero insistió en su rechazo a la liberación de personas que haya cometido delitos graves. “Si soy víctima, me sentiría muy mal y siento que me estarían revictimizando. Esa es mi posición. Acá son muy importantes las víctimas, y hay que escucharlas”, aseveró.

Desde la semana pasada, la situación de los presos ante el peligro de la propagación del coronavirus en las cárceles, y la posible liberación, fue generando una fuerte polémica. El motón en la cárcel de Villa Devoto, que obligó al Gobierno a negociar con los detenidos, aceleró los tiempos.

Así, el lunes, Alberto Fernández avaló la posibilidad de que se otorguen prisiones domiciliarias, al recordar que una decisión judicial lo respaldaba, y se mostró a favor del uso de pulseras electrónicas. Sin embargo, el miércoles el Presidente tuvo que salir a aclarar que no buscaba una liberación masiva de presos.

“No es un Presidente que esté pensando en liberar presos. Parece que el Presidente salió a decir ‘vamos a liberar presos’, y no es así”, afirmó este jueves Losardo.

La ministra aseguró que del sistema penitenciario federal solo recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria 320 detenidos, y que todos tienen tobilleras o pulseras de control. Además, evitó opinar sobre lo que ocurre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde, por ejemplo, el juez Víctor Violini liberó a más de 2.000 presos.

En la extensa entrevista, Losardo también dejó un mensaje a los jueces, que son los que deben analizar los pedidos de domiciliaria: “Es un tema judicial, los jueces tienen que ser muy cautelosos, muchos lo son, otros no. Y tendrán que responder por eso”, advirtió.

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Consultada sobre el beneficio que recibió el represor Carlos Capdevila, ex médico de la ESMA, la ministra opinó que “sale de la órbita de lo humanitario y de lo que debería ser” y planteó cuestionar “al juez que tomó la decision, no al Presidente o al Poder Ejecutivo”.

“La mayoría de los jueces están trabajando bien, están poniendo lo mejor de sí. Y estas cosas confunden. Son cuestiones que hay que plantearle al Poder Judicial, el punto tiene que estar ahí. No puedo dar yo las respuestas”, agregó.

Tras negar que el tema haya desatado una “crisis” dentro del Gobierno, Losardo se refirió a los pedidos que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, realizó para liberar a presos por corrupción.

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“Yo no sabía; el Presidente tampoco. Es una decisión que no requiere de la anuencia del Ministerio. El secretario tiene autonomía para este tipo de presentaciones. Y lo hace cuando familiares y abogados lo solicitan. Esto es lo que debería hacer, aportar al tribunal argumentos u opiniones que pueden ser elementos para resolver una causa determinada. La decisión si se lo admite es una facultad exclusiva del tribunal”, explicó.

Y cerró, en ese sentido: “Dentro de las acciones de competencia (de Pietragalla) se encuentra la posibilidad de presentar este tipo de recursos. Hay tratados y normas internacionales en materia de protección de Derechos Humanos que lo facultan”.

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JPE