Tras una batucada y en un clima de mucha tensión, los presos de Devoto se vuelven a reunir con los funcionarios

target=”_blank” href=”https://www.clarin.com/tema/villa-devoto.html” alt=”villa-devoto” title=”villa-devoto” target=”_blank”>Villa Devoto​ para seguir negociando los puntos del acta que se firmó el sábado pasado tras el motín de 9 horas ocurrido el día anterior, cuando a partir del avance del coronavirus se concentró en esa prisión todo el escenario respecto a la situación en el servicio penitenciario federal.

Antes de volver a verse las caras en la capilla del penal, se oyó una batucada de unos 20 minutos, una señal que, según fuentes del servicio penitenciario, representa “ansiedad” ante las posibles decisiones que se puedan tomar.

En la reunión está el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco; como lo hizo en las ocasiones anteriores. Pero no se hizo presente Juan Martín Mena, secretario de Justicia, aunque sí está uno de sus allegados, Pablo Barbuto, Subsecretario de política criminal, un área de ese Ministerio. Además está Angela Ledesma, presidente de la Cámara de Casación Penal.

En la reunión del sábado último, se acordó conformar un grupo de trabajo interdisciplinario para priorizar la revisión y estado de los trámites administrativos y judiciales sobre pedidos de presos que integren los distintos “subgrupos” de riesgo ante la pandemia, de acuerdo a lo establecido en las acordadas alcanzadas por la Cámara de Casación Criminal y Correccional de la Capital Federal y por la Cámara Federal de Casación Penal.

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En el acta labrada, se mencionó que la “población de riesgo sanitario está integrada por los presos mayores de 60 años y con enfermedades determinadas por la autoridad sanitaria; personas en término de libertad condicional y asistida y aquellos que tenían las salidas transitorias otorgadas”.

También se menciona a los presos con condenas no superiores a tres años y los que tienen prisión preventiva cuyo cumplimiento exceda los dos años; mujeres con niños y niñas y embarazadas; y extranjeros con trámites de expulsión. Una asociación que agrupa a familiares de detenidos negó que las mesas de diálogo busquen “una liberación masiva” de internos.

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