En medio del rechazo a las prisiones domiciliarias de los detenidos que alegan formar parte del grupo de riesgo del coronavirus y tras el masivo cacerolazo, un legislador opositor salió
a defenderlas aunque cuestionó la “discrecionalidad” que se aplicó para otorgar las prisiones domiciliarias.
“La prioridad es evitar nuevas víctimas, la prevención de la saturación del sistema sanitario es un desafío que debe abordarse de manera armónica con el derecho a la seguridad y a la justicia”, manifestó el legislador porteño de la UCR-Evolución Leandro Halperín.
El representante de la coalición opositora Juntos por el Cambio respaldó así las gestiones para identificar a las personas detenidas que podrían sufrir mayores complicaciones frente al avance del Covid-19 y resolver un mecanismo para sacarlas de las cárceles.
Halperín, ex director del programa UBA XXII de educación en cárceles y especialista en sistemas penitenciarios, se sumó así a la creciente polémica que se desató por los masivo otorgamientos de domiciliarias que se produjeron en el último tiempo.
“En la actualidad hay más de 90.000 personas encarceladas, de ellos aproximadamente un 2% tiene más de 65 años y se ubican entre la población de riesgo. La escasa cantidad, y su distribución en distintos establecimientos, brinda la posibilidad de acondicionar espacios aislados del resto de la población penitenciaria, dentro o fuera del perímetro de los penales, que tengan las debidas medidas de seguridad y prevención de contagio que se vuelven imposibles en los pabellones”, repasó el legislador porteño.
Luego, detalló que “un 14% está preso por delitos leves” y consideró que esos son “los casos que podrían acceder a la prisión domiciliaria en el supuesto que habiten cárceles con hacinamiento, luego del análisis profundo por parte de la autoridad judicial, de la consulta a las víctimas en los casos que corresponda, de evaluar que el domicilio en donde se llevará adelante la medida es apto para su aplicación y de la existencia de controles para su efectivo cumplimiento”.
A pesar de mostrarse a favor, Halperín criticó la postura de la Casa Rosada frente a esta situación porque, advirtió, “el gobierno ha mostrado discrecionalidad a la hora de impulsar las solicitudes existentes“.
Leandro Halperin, legislador de la UCR
“Y la actividad del secretario de Derechos Humanos de la Nación (Horacio Pietragalla) es el mejor ejemplo de lo que no debe hacerse”, sentenció, antes de alertar que “otorgar beneficios a quienes cometieron delitos aberrantes es intolerable para la sociedad y viola los derechos de las víctimas”.
“Los responsables de estos dislates deben rendir cuentas”, reclamó.
Aunque coincide en que existe una necesidad de analizar la situación de los presos que integran el grupo de riesgo del coronavirus, Halperín remarcó que “es imprescindible que el acceso a la prisión domiciliaria sea excepcional, indefectiblemente con control electrónico geolocalizado, que las víctimas participen de la toma de decisiones y que sea el único recurso posible ante un riesgo objetivo que sea real e inminente para esta persona”.
Y también llamó a prestar especial atención a la situación de quienes trabajan en las cárceles porque, indicó, “el virus no podría entrar a la prisión si el Estado los protegiese como es debido”.
“La desidia para con ellos afecta sus derechos como trabajadores y es la única causa qué provocó y puede seguir provocando el ingreso del virus a la prisión. Brindarles la protección que merecen también previene la saturación del sistema de salud y disminuye la cantidad de prisiones domiciliarias que se analicen otorgar”, criticó.
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