El representante de la ONU en la Argentina afirmó que el organismo recomendó prisión domiciliaria “solo para quienes cometen delitos menores”

polémica y un rechazo generalizado inesperado para el Gobierno nacional. 

El primer aval del presidente Alberto Fernández (que luego tuvo que salir a aclarar que no estaba de acuerdo en las liberaciones masivas) se basó, entre otras cosas, en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había recomendado a los países que integran el Pacto de San José de Costa Rica atender la situación sanitaria en las cárceles frente al avance de la pandemia. Pero también desde el oficialismo convocaron a la recomendación de Naciones Unidas sobre la situación de los presos y el virus.

Este viernes, el representante de la ONU en la Argentina, Robert Valent, recordó que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos del organismo, la chilena Michelle Bachelet, había recomendado que el beneficio alcance solo “a quienes cometen delitos menores”.

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“La señora Michelle Bachelet hizo un llamado a la excarcelación, no de toda la población carcelaria, sino de aquellos que sean vulnerables, personas de determinada edad, que tienen problema de salud específicos que los exponen al virus. No se debería aplicar, dice, a delitos graves y violentos, particularmente a personas que pueden re victimizar víctimas, personas que han abusado sexualmente de otras”, sostuvo.

En declaraciones a radio Rivadavia, Valent subrayó que “una reducción de la población carcelaria es una de las medidas recomendadas” en el marco de la pandemia, pero insistió que el beneficio debe alcanzar “solo a la población carcelaria vulnerable, la que no es violenta o no implica riesgo para la sociedad”.

Desde hace algunos días, y ante el avance de algunos jueces de otorgar la prisión domiciliaria en pos de reducir la población carcelaria, el descontento social fue creciendo y desembocó en el fuerte cacerolazo que se dio en la noche del jueves en las principales ciudades del país.

Esa situación obligó al Gobierno de Alberto Fernández a intentar despegarse del tema y correrlo hacia la responsabilidad del Poder Judicial. “Nadie puede estar de acuerdo con que los violadores y los homicidas estén en la calle. Habría que preguntarle a aquellos que tomaron esas decisiones”, afirmó el jueves la ministra de Justicia, Marcela Losardo, quien además pidió “tener en cuenta” el rechazo de la sociedad.

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De todas formas, Valent, quien fue designado en 2019 como Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Argentina, advirtió por la situación en los penales: “No solo en Argentina, en muchas regiones la falta de higiene es preocupante”, sostuvo.

Por último, aseguró que escuchó los cacerolazos pero pensó “que era en apoyo a las personas infectadas de COVID en los hospitales y para el personal de salud”.

JPE