Una abogada que representa a los presos de Villa Devoto era también directora de Prevención del Delito en un municipio ultra K

de que se conociera que también representa a los presos de Villa Devoto en el reclamo de prisiones domiciliarias. El escándalo estalló en un distrito ultrakirchnerista, gobernado por Mayra Mendoza, en momentos que el Gobierno busca despegarse de las excarcelaciones.

Este jueves, Claudia Cesaroni comunicó por las redes sociales su salida del Municipio “de mutuo acuerdo”. Dijo que en el marco de su “militancia en la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad” está “acompañando los reclamos del colectivo de detenidos alojado en la cárcel de Villa Devoto”, lo que “se torna incompatible” con su función en la gestión comunal.

Horas antes se había sentado en la Mesa de Diálogo que se formó en Devoto tras el motín de la semana pasada, para analizar entre otras cosas la situación de los detenidos que podrían recibir domiciliarias por formar parte de grupos de riesgo ante el coronavirus​.

También negocian mejores condiciones en el penal. “Pedimos varias cosas, entre ellas el sistema de la alimentación, higiene y el control, el cuidado con relación a la prevención del Covid-19”, manifestó la abogada ante las cámaras de televisión.

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Su doble rol quedó expuesto y provocó un terremoto político en Quilmes, uno de los distritos del Conurbano más golpeado por la inseguridad. Juntos por el Cambio motorizó un rápido pedido de renuncia desde el Concejo Deliberante.

El presidente de ese bloque legislativo, Juan Bernasconi, marcó en diálogo con Clarín: “Hay una incompatibilidad ética y moral. No se puede ser directora de Prevención del Delito en el Municipio y defender a los presos de la cárcel de Devoto. Nos preocupó por la seguridad de los quilmeños. Los vecinos y nosotros mismos estamos alarmados. ¿Cómo actuaría esta persona ante un hecho de inseguridad?”.

Cesaroni fue en 2004 una de las creadoras del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humano (CEPOC). Desde allí se dedicó a defender reclusos y se opuso “a las demandas de mano dura fogoneadas por Juan Carlos Blumberg y quienes utilizaron la muerte horrible de su hijo para exigir políticas nefastas, que aún perduran”, señaló en un extenso hilo de Twitter que publicó este viernes.

Respecto de su intervención en Devoto, explicó: “No cobro un peso por hacer eso. No soy la defensora de los presos, ni los patrocino. Los acompaño, junto con Andrea Casamento, titular de la Asociación de Familiares de Detenidos, porque ellos confían en nosotras. ¿Por qué confían? Porque somos honestas y combativas, supongo”.

Mayra Mendoza, la única mujer en la mesa chica de La Cámpora, la había sumado al área de Seguridad apenas asumió en la Municipalidad, en diciembre de 2019.

La intendenta se rodeó de ultrakirchneristas de distintos ámbitos en el armado de sus equipos de gestión. Aparte de ser quilmeña, Cesaroni tenía antecedentes en la función pública.

Trabajó en la Procuración Penitenciaria entre 2001 y 2004, y en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de 2004 a 2010, cuando se fue a Panamá para asumir como directora adjunta de la Asociación para la Prevención de la Tortura.

“Ganaba muy bien, en dólares, pero extrañaba mi país y cuando murió Néstor (Kirchner) esa angustia por estar lejos me hizo renunciar y volver”, recordó.

El hecho de que Cesaroni haya asumido la representación de los reclusos de Devoto mientras era funcionaria de un distrito ultra K, no ayuda a la estrategia del Gobierno de salir del foco de las excarcelaciones masivas. Todo lo contrario. Y desde altas esferas se lo habrían hecho saber a Mayra Mendoza.

En la Quinta de Olivos y la Casa Rosada tomaron registro del malhumor social a las prisiones domiciliarias, que tuvo su máxima muestra de rechazo en el cacerolazo de media hora que sonó el jueves a la noche en la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y otros puntos del país.

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Por eso buscaron bajarle el tono a su discurso y se acumularon las declaraciones, del presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof hacia abajo, asegurando que no habrá indultos ni conmutaciones de penas.

Además, el Ejecutivo mandó este jueves a funcionarios menores a la Mesa de Diálogo en Devoto. La ausencia que más ruido hizo en la cárcel fue la del secretario de Justicia, Juan Martín Mena, clave en el encuentro anterior y promotor de algunas “promesas” fundamentales para desactivar el motín. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de mayo y lo esperan en la próxima reunión. Fue un pedido de los presos y sus representantes.