“No hay riesgo de quiebre institucional en Brasil”, afirma el titular de la Corte Suprema

una entrevista con Clarín, el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), José Antonio Dias Toffoli.

El jurista más joven de la historia en presidir la máxima corte de Brasil, Toffoli concedió que la forma de hablar del mandatario Jair Bolsonaro “tal vez” no sea la más adecuada, pero destacó que, en medio de la pandemia y pese a los conflictos, el Estado funciona y el mandatario respeta decisiones que lo contrarían.

En ese sentido, recordó que más de 50 millones de personas que no tienen empleo formal están recibiendo un auxilio de emergencia de 120 dólares mensuales; el Congreso, en modo virtual, aprobó ayudas financieras a empresas y trabajadores, y hará lo mismo con estados y municipios; y el Poder Judicial, informatizado, posibilita el trabajo de juzgados hasta en zonas remotas.

-Luego de que el juez del STF Alexandre de Moraes bloqueara esta semana el nombramiento hecho por Bolsonaro de un nuevo jefe en la Policía Federal, el presidente de la República habló de crisis institucional. En redes sociales volvieron a circular ataques a la corte. ¿Hay una crisis entre poderes como mencionó Bolsonaro?

-No hay una crisis entre poderes en Brasil. Lo que hay siempre, en una democracia, y en la división de competencias, de la independencia y de la armonía entre poderes, son decisiones puestas exactamente en aquello que se llama frenos y contrapesos. Esa es la razón de ser de la democracia. Muchas veces puede haber una decisión y alguien que se sienta contrariado. Eso forma parte de la democracia. Pienso que el presidente tiene respeto a los poderes e instituciones de Brasil. No veo riesgo institucional.

-¿No ve un Poder Ejecutivo que, chocando con el presidente de la Cámara de Diputados, con decisiones del STF, que arremete contra gobernadores, tiene dificultades en entender su papel en este momento?

-He tenido un trabajo de convivencia con todos los jefes de poderes: el presidente Jair Bolsonaro, de la República, el presidente Davi Alcolumbre, del Senado, y el presidente Rodrigo Maia, de la Cámara de Diputados. En esa relación con todos ellos veo respeto a la institucionalidad. Pese a que la prensa -y le compete ese trabajo- destaca lo que no está yendo bien y lo que no da resultado, existen muchas cosas que funcionan.

-Por ejemplo…

-El Congreso funciona por videoconferencia, como el Supremo y todo el Poder Judicial con juicios virtuales. Proyectos de ley y medidas que el presidente presenta para enfrentar la pandemia están siendo votados. Respecto al presidente Bolsonaro, el testimonio que puedo dar, es que respeta las instituciones y respeta las decisiones, que a veces critica porque eso forma parte del Estado democrático de derecho.

-El juez del STF Gilmar Mendes dijo que el jefe del Poder Ejecutivo no puede, si quisiera, ejecutar una política pública genocida. Brasil ya tiene más de 6.000 muertos por Covid-19 pero Bolsonaro critica el aislamiento social generalizado. ¿Considera peligrosa esa prédica?

-Desde el Poder Judicial, con la declaración de la pandemia, pusimos en marcha todas las precauciones en relación a los grupos de riesgo. Ampliamos el trabajo remoto. O sea, realmente esa política de distanciamiento social es necesaria. El fuero laboral, al que atañen temas sociales muy importantes con la crisis y el desempleo, está 100% informatizado. En toda la justicia del país 75% de los procesos están digitalizados. Es una nube administrada por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ, organismo que Toffoli preside y que vela por la transparencia del Poder Judicial) que brinda la posibilidad de audiencias virtuales en las que participan abogados y el Ministerio Público. No hay parálisis de los poderes. Ahora, es evidente que el presidente de la República tiene también la preocupación por el funcionamiento de la economía. Muchas veces tal vez la forma de hablar de él no sea la más correcta o adecuada. Puede ser que la forma perjudique el contenido, pero el hecho es que son ópticas que existen. Esta misma semana el ministro de Salud dijo que hay necesidad de mantener el aislamiento social.

-Muchos gobernadores y alcaldes, sabiendo que es necesario mantener medidas de aislamiento, sufren presiones para flexibilizarlas. El Supremo ratificó la potestad de estados y municipios para decidir confinamientos. ¿Puede actuar también si se flexibilizan cuarentenas y eso sea peligroso por la situación sanitaria?

-Llegaron al Supremo algunos casos relativos a situaciones por ejemplo de alcaldes que cierran fronteras, algo que provoca inviabilidad hasta para acceder a alimentos. La justicia ha actuado por anular ese tipo de decisiones. Estamos preservando competencias, lo que un alcalde, un gobernador, el gobierno federal, pueden hacer. No se pueden inviabilizar algunas libertades individuales. Sólo sobre el Covid-19 llegaron al Supremo 1.544 procesos y ya hubo 1.410 decisiones. Son demandas contra estados, municipios, Congreso, relativas a habeas corpus de presos en condiciones de riesgo.

-¿No hay delincuentes peligrosos siendo liberados como dijo Sergio Moro cuando era ministro?

-No. Desde el CNJ recomendamos la detención domiciliaria de detenidos en riesgo que no hayan cometido delitos contra la vida ni vinculados a organizaciones criminales. La recomendación excluye a los presos peligrosos. Puede haber algún caso en el que un juez tome una decisión por circunstancias específicas. Hubo reversión de algunas domiciliarias. Hay un sistema de controles. Eso ocurriría también y aún más sin la recomendación del CNJ, que excluye al delito organizado y a quienes atentaron contra la vida.

-Tras la renuncia de Moro, el juez Mendes dijo que el combate a la corrupción exige una acción de miles de agentes públicos y el respeto a ley, y no la actuación aislada de un héroe. ¿Coincide? ¿La salida de Moro termina con el combate a la corrupción en Brasil?

-El combate a la corrupción en Brasil es fruto de una política institucional que vino después la Constitución de 1988. Ley de Responsabilidad Fiscal, énfasis en el combate al lavado de dinero y la corrupción, leyes de transparencia, de delación premiada. Hay un marco legal sin el cual no hubiésemos tenido Lava Jato, que no es producto de personas, sino de una estructura de Estado. No existe un combate a la corrupción a partir de Curitiba. El combate a la corrupción es una política de Estado que el STF siempre apoyó.

-El ministro de Economía Paulo Guedes suele decir que Brasil tiene una democracia ruidosa. Muchos miran a Brasil asustados por el número de muertos y por gestos del presidente, como participar en un acto a favor del cierre del Congreso y el STF. ¿Eso no choca con lo que menciona de instituciones fuertes, mediando conflictos? ¿Cuál es la realidad?

-Las instituciones en Brasil están funcionando y están consolidadas. Cuando el ministro Paulo Guedes dice que nuestra democracia es bulliciosa es porque Brasil es complejo, continental, con 26 estados y un Distrito Federal en el que los municipios tienen autonomía. Son más de 5.500 municipios con competencia de dictar leyes, tributos. Brasil es una unión de estados y municipios y esa integración nacional es impresionante en la historia, diferente de la América española que se dividió. Brasil consiguió una unidad nacional. Administrar Brasil no es fácil: nuestro primer emperador, Pedro I, abdicó; nuestro segundo emperador, Pedro II; fue depuesto; el primer presidente electo de la República (Deodoro da Fonseca) tuvo que renunciar porque no sabía negociar con el Congreso. Pero la Constitución de 1988 consiguió ser un pacto fundante de estabilidad democrática. Tanto que el país pasó por dos impeachment sin perder estructuración democrática, sin crisis de instituciones. Toda democracia es ruidosa. Eso es bueno. Presupone diversidad de opiniones, libertad de expresión, libertad de prensa. Todo eso tenemos hoy en Brasil.

Brasilia, corresponsal

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